Altos funcionarios del gobierno hablaron ante la JEP sobre medidas para proteger a exguerrilleros

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Ayer se presentaron ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, tras haber sido citados a audiencia pública para responder por las medidas cautelares de protección integral para los excombatientes de las Farc que se desmovilizaron tras la firma del acuerdo de paz, varios altos funcionarios del Gobierno y del Estado.

En representación del fiscal Francisco Barbosa, uno de los citados, la vicefiscal general Martha Mancera reveló que “se han logrado 37 sentencias condenatorias por afectaciones directas a personas en reincorporación y sus familiares. Además, 22 adicionales que están relacionadas con las organizaciones criminales”.

Por su parte, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, recalcó que los espacios territoriales de incorporación siempre fueron pensados como temporales, y agregó sobre las Nuevas Áreas de Reincorporación que “nuestra pretensión es que los espacios entren a formar parte del ordenamiento regular del territorio”.

A su vez, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo sobre la Comisión de Garantías que no está hecha para la protección y seguridad de los miembros del Partido Farc, sino para el desmantelamiento de grupos armados, incluido el ELN”.

Complementando, señaló que “la ley que crea la Comisión habla de grupos que afectan a los defensores de derechos humanos, incluidos herederos del paramilitarismo”; sin embargo, aclaró que “no hay una estructura jurídica que nos diga cuáles son esos grupos sucesores del paramilitarismo”.

Además de estos, asistieron a la diligencia el viceministro del Interior, Daniel Palacios, y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Estaban citados el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; y el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campos, entre otros.