Capturas de la Fiscalía reviven el caso de representación de Hyundai

La Fiscalía General de la Nación tiene nuevos indicios que reviven el polémico caso entre el empresario Carlos Mattos y la casa matriz de los automóviles Hyundai. El proceso, que era de naturaleza civil, ahora podría tener implicaciones penales sobre los funcionarios que estuvieron involucrados.

Todo comenzó con una disputa entre las partes porque la empresa coreana decidió cambiar de distribuidor en el país y clausurar su contrato con el empresario colombiano. Mattos, que no estuvo conforme después de haber tenido 23 años de relación comercial con la multinacional, la demandó ante los estrados judiciales. El proceso tuvo tantos alcances que en 2015 causó la suspensión temporal de la venta de esta marca en el país.

El problema se solucionó entre las partes con un acuerdo confidencial. Los expertos estimaron que Carlos Mattos habría recibido cerca de US$100 millones como indemnización gracias a las medidas cautelares con que amenazó el juez Reinaldo Huertas del juzgado sexto civil del circuito.

Un año después del acuerdo de 2017, la Fiscalía tiene evidencias de que varios funcionarios de esa corporación habrían manipulado el sistema de reparto del Centro de Servicios Judiciales para que el caso llegara a manos del juez Huertas.

Los empleados capturados son Wilmer Andrey Patiño Rodríguez, Wilmer Casas Mendoza, Ramón Orlando Ramírez Fuentes y Carlos Arturo Gómez. Luis David Durán, quien hacía parte del equipo de defensa de Mattos, también fue detenido como medida preventiva.

Juan Osorio, litigante de Muñoz Abogados comentó que “las capturas que se han presentado y que han sido comunicadas a la opinión pública por parte de la Fiscalía, logran poner un gran manto de duda respecto a si las decisiones que adoptó el Juez Sexto Civil se realizaron en virtud de una interpretación legal y valida o si fueron tomadas por juicios caprichosas o presuntamente prevaricadora pues, lo cierto es que es que en la práctica resulta muy sorprendente la prontitud con la cual se resolvieron situaciones particulares en este despacho judicial”.

Según Osorio, los despachos en el país suelen tardar más de dos meses en decidir estos casos y este se hizo en tiempo récord.

El pleito ahora podría tener sanciones penales. Según David Grajales, abogado penalista, “si se comprueba el delito de prevaricato por acción de los funcionarios del reparto, enfrentarían penas desde cuatro a nueve años. En caso de que se demuestre que el juez tomó una decisión amañada por el favorecido, estaría sometido al mismo tiempo en prisión”.

La casa matriz podría demandar a la rama judicial por estos hechos, solicitar la nulidad del acuerdo y recuperar sus derechos de distribución.