Cartel de alimentos para las Fuerzas Militares movió más de $47.000 millones

Una vez más entidades del Estado son víctimas de la corrupción en las empresas privadas. Esta vez, el turno fue para las Fuerzas Militares cuyos contratos públicos de raciones alimenticias fueron protagonistas de una cartelización empresarial.

Así, lo dio a conocer la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ente que encontró un total de 18 personas jurídicas y naturales involucradas en un cartel para manipular los precios de los alimentos que a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, contrataba en licitaciones públicas.

La investigación del ente de control, reveló que entre 2011 y 2018, las empresas y personas acusadas se habrían repartido contratos con presupuestos oficiales que ascienden a más de $47.000 millones.

Las siete empresas son: Industrias Alimentos y Catering S.A.S., La Huerta de Oriente S.A.S., Iberoamericana de Alimentos y Servicios S.A.S., Productora y Distribuidora de Productos Lácteos y Comestibles S.A.S., Inversiones Baalbek Ltda, Comisionistas Financieros Agropecuarios S.A (Comfinagro), y A.R. Triplea S.A.S.

Mientras que las 11 personas naturales son: Hayder Mauricio Villalobos Rojas, Juan Carlos Almansa Latorre, Ronald Hisnardo Valbuena Beltrán, Hernando Prieto Molina, Diana Lucero Gualteros Jiménez, William Fajardo Rojas, Claudia Marcela González Martín, Luz Adriana Almansa Latorre, Alfredo Rafael Roa Sarmiento, Luis Hernando Villalobos Sabogal y Javier Caparroso Hoyos.

El Superintendente Pablo Felipe Robledo, detalló que se trata de “contratistas del Estado que han sido investigados y sancionados por la Fiscalía. Con las mismas empresas y con los mismos nombres han venido participando en procesos posteriores de contratación estatal”.

El alto funcionario agregó que la conducta del cartel podría haber generado sobrecostos de 50% del valor de los productos contratados como ajiaco, tamal, arroz atollado y con pollo, arveja con tocino, lentejas con chorizo, macarrón con pollo, y productos de panadería, entre otros.

Respecto a las comisionistas de bolsa implicadas, la SIC señaló que la Bolsa Mercantil de Colombia será la que tome la decisión de si son expulsadas, sin embargo, al consultar a la entidad, esta informó que estaba coordinando una comunicación oficial sobre la situación pero que por ahora no había respuesta.

La SIC ordenó de igual manera enviar copias de la investigación a la Fiscalía para que proceda a determinar la posible responsabilidad penal. Si se declara que existió violación de las normas de competencia, las multas a las personas naturales podrían ser de hasta $1.562 millones y para las empresas de $78.124 millones.