Por mal cálculo de Contraloría se devolverán US$19,1 millones a Glencore
El tribunal de arbitramento le dio la razón a Glencore
28 de agosto de 2019El Tribunal de Arbitramento que se creó en el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas Relativas a la Inversión, del Banco Mundial (Ciadi) para resolver una demanda de Glencore contra Colombia decidió que el país tendrá que pagar US$19,1 millones a la minera internacional, ya que el cálculo que usó en 2016 la Contraloría para emitir un fallo de responsabilidad fiscal contra Glencore tenía una fórmula errada.
Sin embargo, la multa a la que habría podido someterse Colombia era mucho mayor. El Tribunal no condenó al país a pagar los costos de arbitraje, lo que libró al país de pagarle a Glencore los abogados con los que se defendió en el arbitraje y tampoco accedió a que el país tuviera que pagar US$593 millones como reparación por los prejuicios causados.
Glencore argumentó que Colombia incumplió el tratado de inversión con Suiza al calcular el prejuicio fiscal que le generó en 2009 el otrosí que redujo el pago de regalías, a cambio de más inversión en la zona de la mina de carbón de Calenturitas.
El tribunal tampoco accedió a la petición de la empresa minera de impedirle a Colombia que abra otras investigaciones o tome más decisiones de responsabilidad fiscal en este caso.
Ante la decisión del tribunal internacional, el presidente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, dijo que está estudiando el laudo arbitral.
La idea de dicho estudio es conocer si el país podrá objetar la decisión alegando una de las pocas razones que le permitirían anular el fallo.
Para Germán Flórez, abogado y profesor de arbitraje en las universidades Sergio Arboleda y Nacional, el mensaje indirecto del tribunal es que la Contraloría General podrá seguir investigando el caso y tomar decisiones al respecto, siempre se utilice una fórmula de cálculo adecuada.
En ese sentido, Flórez advirtió que es necesario que la entidad piense a futuro pues, por ejemplo, la decisión la tomó Edgardo Maya cuando era contralor, pero la consecuencia la vive hoy Felipe Córdoba.
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