Columna en The Wall Street Journal advierte guerra jurídica para limpiar nombre del M-19

La reconocida editorialista del diario neoyorquino The Wall Street Journal, Mary Anastasia O’Grady, muy crítica del Gobierno del presidente Gustavo Petro, escribió una reciente columna de opinión en la que advierte de una presunta guerra jurídica que busca limpiar el nombre del extinto grupo guerrillero M-19, del que hacía parte Petro.

La periodista se refiere en concreto a la demanda que aceptó la Corte de Florida en EE.UU., contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, acusado en Colombia por las desapariciones en el Palacio de Justicia durante la toma del M-19 en 1985.

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La columna titulada "A Colombian Hero Dragged Into U.S. Court" (Un héroe colombiano arrastrado a la corte de EE.UU.) habla de las recientes acusaciones contra Plazas Vega, por la muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán Rojas en aquella toma guerrillera.

De acuerdo con la periodista, la demanda la instauró Helena Urán, hija del magistrado asesinado y actual asesora en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gustavo Petro. Agregó que es asesorada por el abogado Wilson Sonsini Goodrich y por el Centro para la Justicia y la Responsabilidad, según O’Grady, ambos con ideología de izquierda.

"Según Influence Watch, un proyecto del Capital Research Center que perfila organizaciones y fundaciones de defensa, los donantes de CJA son Benjamin Fund, que está asociado con Code Pink, y Firedoll Foundation. Ambos donantes son partidarios de causas de extrema izquierda", asegura la columna publicada en The Wall Street Journal.

De acuerdo con O’Grady, Urán y sus hermanas están utilizando la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, firmada por el expresidente estadounidense George H.W. Bush en 1992. La periodista señala que esta ley puede ser utilizada en demandas infundadas o políticamente motivadas en los tribunales estadounidenses, ya que los demandantes "solo necesitan alegar que un acusado, que vive en los EE.UU., participó en torturas o ejecuciones extrajudiciales por parte de un gobierno extranjero".

En el caso de Plazas Vega, O’Grady denuncia que las acusaciones son "absurdas", ya que según la hipótesis de las demandantes, "su padre salió vivo del edificio y lo llevaron al otro lado de la calle a un centro de emergencia establecido para procesar a los sobrevivientes. Allí, dicen, fue torturado y asesinado. Y su cuerpo luego fue devuelto al Palacio de Justicia".

La columnista señala que la acusación de las tres hermanas contradice directamente declaraciones que hicieron los sobrevivientes del holocausto en la que dicen que Urán fue asesinado por miembros del M-19 dentro del Palacio de Justicia.

"Uno de esos sobrevivientes fue el magistrado de la Corte Suprema de Colombia, Samuel Buitrago Hurtado, quien presenció cómo Carlos Urán y otro magistrado eran baleados por los terroristas dentro del palacio. 'Alguien gritó que salieran los rehenes. Fue entonces cuando el doctor Manuel Gaona Cruz se paró y echó a correr en medio del fuego cruzado en dirección a la puerta salida, y allí cayó a balazos, así como el doctor Carlos Horacio Urán que salió detrás de él' , declaró Buitrago ante un juzgado penal el 20 de noviembre de 1985", relató la comunicadora en The Wall Street Journal.

Y agregó que otros testimonios de la época corroboraron el relato del testigo presencial Buitrago de que Carlos Urán murió en el interior del palacio.

La periodista finaliza diciendo que estos procesos judiciales serán un desfile para que el Gobierno pueda mostrar en Colombia y agregó que "lamentablemente, es poco probable que el público entienda que no será una victoria para la verdad, sino para los bolsillos profundos".