Comprometen al Banco Mundial en el caso Odebrecht y la Ruta del Sol

María Victoria Guarín fue una asesora clave en el mayor proyecto de transporte de la historia de Colombia: una autovía de 1.000 kilómetros a través de una zona montañosa para conectar la capital, Bogotá, con los transitados puertos del Caribe.

Como asesora de inversiones de una entidad perteneciente al Banco Mundial, su trabajo era ayudar al gobierno a establecer los términos para una licitación competitiva de los contratistas. Resultó que también estaba casada con un alto ejecutivo de una de las empresas que ganó parte del contrato que ella ayudó a supervisar.

Este aparente conflicto de intereses ha implicado ahora a la institución en el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica, como se reveló en un reporte publicado el año pasado por la agencia antimonopolio de Colombia.

El conglomerado Grupo Aval, que emplea al esposo de Guarín, se asoció con Odebrecht.

El escándalo salpicó a los políticos de la región, pero el papel del Banco Mundial como asesor gubernamental ha recibido mucha menos atención.

Precisamente un apartado del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional está acusada de no actuar ante el posible conflicto de intereses de Guarín durante cerca de dos años, incluso cuando supuestamente decantó el proceso de licitación de parte del contrato de US$2.600 millones en favor de Odebrecht.

Su pareja, Diego Solano, que también estuvo implicado, funge ahora como director financiero de una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Si los cargos civiles por beneficiarse de un conflicto de interés y contactos inapropiados se mantienen, Guarín podría enfrentar una sanción económica de hasta US$1 millón.

“No hay duda de que la IFC conspiró contra la libre competencia y la transparencia”, señaló en una entrevista Pablo Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio.

Por el momento no se han presentado cargos penales contra nadie, ni hay indicios de que Guarín y Solano se beneficiaron financieramente. Pero en abril, un juez pidió al procurador general de Colombia que investigara a la pareja al sentenciar a 11 años de prisión a José Melo, director general de la filial de Aval integrada en el consorcio, donde se detalló el supuesto conflicto de intereses.

La IFC rechazó las quejas, asegurando que cronológicamente no hubo posibilidad de que se presentara el conflicto.