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Judicial

Condenan a usuario que amenazó al periodista Luis Carlos Vélez por redes sociales

El imputado fue condenado a dos años de prisión por violar los derechos a la libre expresión y amenazar la vida e integridad del periodista

03 de septiembre de 2021

Allison Gutiérrez Núñez

agutierrez@larepublica.com.co

Canal de noticias de Asuntos Legales

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de conocimiento de Amazonas condenó a dos años de prisión y multa de 6,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes a Alan Benjumea, usuario que amenazó, a través de redes sociales, al director de La FM, Luis Carlos Vélez.

Según la Fiscalía, la labor investigativa realizada de manera articulada con el Centro Cibernético Policial de la Dijin de la Policía Nacional permitió identificar a la persona que envió los mensajes intimidatorios contra el comunicador desde Leticia (Amazonas), en julio de 2018. Ante la contundencia de la evidencia en su contra, el hoy sentenciado aceptó su responsabilidad en los hechos.

Esta es la segunda condena que se da en el país por amenazas a través de redes sociales. La primera, de 38 meses de prisión, fue proferida contra Francisco Javier Andica Acevedo, en 2018, por intimidar a una periodista y a un caricaturista.

"La Fiscalía General de la Nación respeta el derecho a la libre expresión, al tiempo que reitera que las amenazas contra la vida y la integridad de las personas, emitidas desde cualquier medio o canal virtual, son conductas catalogadas como delito", dijo el organismo investigador.

Una de las grandes problemáticas que tiene el país en el ejercicio del debate público es la escalada violencia mediática en la que a diario vemos como en redes sociales como Twitter se trata, de diferentes formas, de negar el discurso de la otra persona; lo cual también ha sido, en mayores proporciones y de una manera diferencial, el desencadenante de la violencia en el país. Por lo que se espera que este tipo de acciones judiciales se hagan con mayor control, seguimiento y amplitud por parte de la Fiscalía para ponerle freno a este tipo de prácticas intimidantes que se generan de manera constante contra personas expuestas en la esfera pública de todos los frentes políticos y personalidades.

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