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jueves, 4 de julio de 2024
Según el tribunal, se infringió discriminación en contra de la demandante, además no se tuvo en cuenta que era sujeto de especial protección
El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía por haber investigado ilegalmente a una mujer en un caso de aborto cuando era menor de edad. Esto, hace 20 años. A la mujer, además de resarcirla económicamente, debe coordinar la realización de un acto público de desagravio debido a los actos de violencia y discriminación que le causó.
Señalaron que en caso de que la víctima lo acepte, la entidad tendrá que organizar una audiencia pública en la que esta reconozca que atropelló los derechos de la demandante, en su condición de mujer y menor de 18 años. En la diligencia debe ofrecerle excusas e informarle cuántas menores más han sido objeto de este tipo de indagaciones desde 2004 y qué medidas ha adoptado para que no se repita tal irregularidad.
A pesar de que la Fiscalía remitió el caso a la jurisdicción para menores, también se adelantaron diferentes labores de investigación sin tener competencia para ello, incluida la práctica del testimonio de la menor, sin adoptar el enfoque diferencial que la Ley y distintos instrumentos internacionales exigen.
Asimismo, ignorar las condiciones especiales que se requieren para recibir una declaración de esta naturaleza, la sala halló que el interrogatorio estuvo marcado por todo tipo de estereotipos de género.
Partiendo del fallo, la entidad trató de indagar sobre las experiencias sexuales que habría tenido la mujer. Además, expuso a la visibilidad de sus compañeros de colegio y de la comunidad, violando la privacidad. También no tuvieron en cuenta que se encontraban frente a un sujeto de especial protección por una doble condición de vulnerabilidad: la mujer y menor de edad.
Finalmente, para el Consejo de Estado, la Fiscalía infringió violencia y discriminación en contra de la demandante, esto al haber adelantado la investigación “abiertamente ilegal”. A juicio de la sala, “la víctima se vio forzada a resistir un tipo de hostigamiento y persecución ilegítima por parte del Estado”.
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