Consejo de Estado determinó que CNE es competente para investigar campaña Petro

El Consejo de Estado, en un fallo significativo para la supervisión electoral en Colombia, confirmó la autoridad del Consejo Nacional Electoral, CNE, para investigar las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Gustavo Petro Urrego y la Coalición Pacto Histórico durante las elecciones presidenciales de 2022.

La decisión, emitida el 23 de agosto de 2024 en Bogotá, subraya el papel regulador del CNE y del Congreso en el escrutinio electoral. Según el fallo, el CNE tiene la plena autoridad para realizar investigaciones administrativas sobre los informes financieros y de gastos de las campañas y puede imponer sanciones administrativas si se encuentran irregularidades. Este fallo refuerza al CNE como un organismo autónomo encargado de la supervisión y regulación de los procesos electorales en el país.

Además, la decisión establece que el Congreso tiene la competencia para decidir, en caso de confirmarse irregularidades graves, sobre la posible pérdida del cargo del presidente de la República. Este proceso, conforme a la Ley Estatutaria 996 de 2005, se llevará a cabo de manera autónoma y proporciona una ruta clara para la responsabilidad política en Colombia.

Como parte de la resolución, el expediente será enviado al CNE para que continúe con su investigación. Asimismo, se informará tanto al CNE como a la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes sobre el fallo, fortaleciendo el marco institucional de la supervisión electoral.

Este desarrollo judicial llega en un momento de tensión para la administración de Gustavo Petro, que ha estado bajo un intenso escrutinio y ha enfrentado diversas controversias desde su elección. Las alegaciones sobre irregularidades en la financiación de su campaña han mantenido el asunto en el debate público y político.

Al reafirmar la autoridad del CNE, el fallo establece un precedente crucial para la fiscalización de las campañas electorales en Colombia. Además, la posibilidad de que el Congreso tome decisiones sobre la continuidad en el cargo del presidente añade una dimensión adicional de vigilancia y énfasis en la responsabilidad política.