Consejo de Estado unificó postura sobre sanciones de la Procuraduría a funcionarios

El Consejo de Estado definió su postura frente a la revisión de las sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría a funcionarios elegidos por voto popular, un tema que ha generado tensiones internas y conflictos con los fallos de la Corte Constitucional.

Esta última, en 2023, reafirmó que el órgano de control disciplinario tiene la competencia para sancionar a funcionarios populares, pese a que sectores políticos y académicos consideran que carece de esa facultad.

Entre los opositores de esta práctica se encuentra el presidente Gustavo Petro, quien protagonizó un caso emblemático en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH. En el fallo Petro Urrego vs. Colombia, este tribunal concluyó que en 2013 se vulneraron los derechos políticos de Petro cuando el entonces procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó por su gestión en el caso de las basuras en Bogotá.

Según la Corte IDH, los derechos políticos de los funcionarios elegidos en las urnas solo pueden ser suspendidos por un juez penal, y no por un ente administrativo como la Procuraduría.

Este precedente fue clave en el discurso del mandatario, quien insiste en que las sanciones contra funcionarios elegidos democráticamente atentan contra sus derechos políticos. La controversia se reavivó con un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, que señala que Colombia aún no ha cumplido plenamente con las recomendaciones del sistema interamericano respecto al rol de la Procuraduría.