Contraloría advierte que se pueden perder $71.000 millones en acueducto de Anapoima

La Contraloría General de la República alertó de un riesgo grave de perder la inversión realizada hasta ahora por a $71.871 millones en el proyecto de construcción del Acueducto Regional La Mesa - Anapoima.

De acuerdo con el ente de control, la puesta en funcionamiento de este megaproyecto no están aseguradas y dependen de la aprobación de otra reformulación que adicione recursos y prorrogue el término contractual.

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"El contrato tenía prevista como fecha de terminación el 20 de marzo de 2023, sin embargo, el día 15 de marzo se suscribió una nueva modificación a los contratos de obra e interventoría por tres meses más, es decir, hasta el 19 de junio de 2023", detalló la Contraloría.

Según la opinión del ente de control, en ese plazo posiblemente no sería viable cumplir con el contrato, por lo que la construcción y puesta en marcha de este acueducto podría no estar terminada para esa fecha final fijada.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, emitió esta advertencia al Ministerio de Vivienda, a Findeter (Financiera de Desarrollo Territorial) y a las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., por los riesgos de afectación que tendría la no culminación de este proyecto.

Entre los riesgos que alerta la Contraloría está que no se pueda concluir el proyecto, lo que afectará a cerca de 100.000 habitantes de los municipios que tienen la expectativa de acceder al servicio de agua potable desde 2006.

También prevé que, con las variaciones hechas al proyecto, el costo del metro cúbico de agua será más caro al que se había previsto inicialmente, impactando con ello la economía de la población.

El ente de control también observa que el caudal puede ser insuficiente para cubrir el consumo actual de la población que se prevé sea para el presente año de 127,72 litros por segundo, frente a 43,75 litros por segundo que suministraría la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, es decir, solo se cubriría un 34% de la demanda.

Observa igualmente un impacto ambiental, debido a las obras adelantadas en el sector denominado Chivo Negro en el municipio de Bojacá, ya que se realizaron tratamientos silviculturales y siembras de individuos arbóreos, que hoy, ante los retrasos del proyecto, evidencian su crecimiento sobre el eje de la tubería instalada, haciendo necesario removerlos para la ejecución de los trabajos.

Este tratamiento forestal, que tendría que incluir tala o bloqueo y traslado, podría generar un impacto negativo en la línea de base ambiental actual del sector.

Agrega que los atrasos y demoras en la obtención de los permisos, pueden retardar aún más las obras, mientras que el incremento de la tarifa de acueducto, afectara a los municipios que deberán disponer más recursos para cubrir los subsidios aprobados para los usuarios, afectando así la posibilidad de destinarlos para realizar otras inversiones.