Contraloría anunció el embargo de cinco cuentas y siete propiedades al alcalde de Cali

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El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, deberá rendir informe a la Procuraduría por contratos con Emcali

La Contraloría General de la República anunció un proceso de responsabilidad fiscal por presunto incumplimiento de contrato e intermediacióninnecesaria entre la Imprenta Departamental del Valle del Cauca - Impretic´s - y la Unión Temporal Windetec, al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y otros involucrados.

El procedimiento del ente de control se da dando alcance a la audiencia pública del 30 de septiembre pasado, en la que el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, convocó en Cali para recibir denuncias sobre la empresa de servicios públicos Emcali .

El jefe del organismo de control anunció la apertura del proceso de responsabilidad fiscal por presunto incumplimiento de contrato e intermediación innecesaria entre Impretic´s - y la Unión Temporal Windetec.

La Contraloría, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales de Lucha contra la Corrupción, encontró irregularidades en un convenio interadministrativo suscrito para el mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de vigilancia de la policía de Cali, en la ejecución del contrato y la entrega de las cámaras.

En este caso se encontró un presunto detrimento patrimonial por un monto de $1.854 millones. Por este caso quedaron vinculados como presuntos responsables fiscales el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y sus secretarios de Seguridad y Justicia, el supervisor del contrato, el gerente general de Impretic´s y los miembros de la Unión Temporal.

La Contraloría ordenó el embargo de las cuentas bancarias de los presuntos implicados, además de sus bienes inmuebles, y adicionalmente se compulsaron copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación.

“En el caso de Emcali, las investigaciones que he venido realizando con mi equipo nos permiten hoy anunciar la apertura de procesos de Responsabilidad Fiscal con medidas cautelares en importantes asuntos, que van mucho más allá de hallazgos fiscales y tocan el patrimonio personal de los implicados, así como en el caso de Emcali, lo estamos haciendo en todo el país” expresó Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

El ente de control encontró presuntas irregularidades en la contratación para reponer los componentes priorizados de las unidades de clarificación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable - Ptap Puerto Mallarino - Fase I.

Se evidenció el pago de lo no debido con ocasión del Contrato de Obra por una cuantía aproximada de presunto daño patrimonial equivalente a $176 millones. Los implicados en este caso son el Gerente de Área de Abastecimiento Empresarial, el Ingeniero de Proyectos y varios contratistas miembros del consorcio “ASECAF Clarificación Puerto Mallarino”. El Auto de apertura del proceso cuenta con medidas cautelares de embargo a 21 cuentas bancarias.

También se investiga un segundo proceso de Responsabilidad Fiscal por la Línea de Aducción Planta de Tratamiento de Agua Potable - Ptap Rio Cali (Barrio San Antonio). Se acordó, junto al Ministerio de Vivienda, aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado “Construcción nueva línea de aducción PTAR San Antonio” y establecer las condiciones para hacer efectivo el apoyo financiero de la Nación al municipio de Santiago de Cali.

Según la Contraloría, el valor del anticipo no fue amortizado, se tienen obras inconclusas y la cuantía del presunto daño patrimonial es de $14.107 millones. En este proceso los implicados incluyen al Gerente de Área Funcional y Gestión al Cliente de Emcali y a las empresas contratistas.

Se decretaron medidas cautelares para los contratistas y gerentes de Emcali . Así mismo se embargaron 45 cuentas bancarias y 12 inmuebles a estas personas. La Contraloría General de la Republica compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.

El tercer proceso de Responsabilidad Fiscal tiene que ver con la atención integral de las actividades derivadas de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, no domiciliarios y sus actividades complementarias e inherentes.

Según el ente de control, hubo una subcontratación sin previo aval de Emcali pese a que el contrato señalaba en una de sus cláusulas que esto no estaba permitido. En este caso la cuantía aproximada del presunto daño patrimonial es por $2.418 millones. En cuanto a los implicados, sobresalen el Gerente de Área Funcional y Gestión al Cliente de Emcali , y las empresas contratistas.

Igualmente se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.