Contraloría anunció fallo por detrimento patrimonial relacionado con el caso Reficar

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Luego de más de cuatro años de investigación administrativa, la Contraloría General de la República anunció ayer un fallo contra varios exdirectivos y multinacionales por detrimento patrimonial en el caso Reficar. El ente dictaminó responsabilidad fiscal de dos presidentes y tres vicepresidentes de la empresa, siete miembros de su Junta Directiva y cuatro empresas contratistas por una suma que asciende a $2,9 billones. (ver comunicado al final de la nota).

Los señalados son los siguientes: los entonces presidentes de la Refinería de Cartagena Reyes Reinoso Yanes y Orlando José Cabrales. También fueron hallados responsables los vicepresidentes Carlos Eduardo Bustillo, Andrés Virgilio Riera y Magda Nancy Manosalva Cely.

En cuanto a los miembros de la junta directiva los mencionados en el fallo fueron: Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy (expresidente de Ecopetrol), Pedro Alfonso Rosales Navarro, Diana Constanza Calixto, Henry Medina González, Hernando José Gómez Restrepo, Natalia Gutiérrez Jaramillo y Uriel Salazar Duque.

En cuanto a las multinacionales contratistas implicadas en los hechos, el documento menciona a Chicago Bridge & Iron Company CB&I UK Limited, CBI Colombiana S.A. (en liquidación), Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants INC.

Recuento del caso

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La investigación contra la empresa Reficar empezó en 2016 cuando la Contraloría sospechó que hubo sobrecostos en la implementación de la infraestructura de la refinería. Juan David Beltrán, abogado especialista en Derecho Administrativo, afirmó que el ente de control había encontrado sobrecostos por más de $5 billones en ese entonces.

“Puntualmente, habían pago de facturas sin el cumplimiento de los requisitos legales, demoras en el diseño y construcción de obras principales y secundarias, sobrecostos en materiales de construcción de la obra”, dijo.

Fallo de la Contraloría

La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría encontró que la modernización de la refinería, generó mayores inversiones por US$997 millones, que no le agregó valor al proyecto.

“La pérdida de valor de las mayores inversiones, repercute negativamente en el valor de la Refinería en el mercado, además de que gran parte de los recursos no se encontraron invertidos en mayor capacidad y mejor tecnología que le aportara valor”, indicó el ente de control cuando anunció el fallo.

Beltrán añadió que el dictamen de la Contraloría determinó que se violaron los principios que rigen la gestión fiscal, pues hubo ineficiencia en el uso de los recursos, pese a que la sospecha de $5 billones de responsabilidad fiscal se redujo a la mitad.

El ente de control agregó que los gastos no tuvieron relación alguna con el proceso de modernización de la empresa, pues a pesar de las millonarias inversiones se comprobó que Reficar estaba operando con una baja productividad de mano de obra directa; había mayores gastos en contratación de personal y demoras que afectaban el desarrollo del proyecto, las cuales fueron causadas por “acciones y omisiones, por parte de la Junta Directiva y la Administración de Reficar, además del contratista y supervisor del proyecto”.

El abogado recordó que la responsabilidad fiscal no tiene como fin castigar a servidores públicos o particulares. “Su finalidad es patrimonial, sin embargo, los efectos del fallo de responsabilidad fiscal ejecutado son: I) Se debe reparar, es decir, pagar el detrimento patrimonial; y II) Genera inhabilidad para contratar con el Estado y desempeñar cargos públicos”, dijo.

De encontrarse culpables, los señaladas podrán estar reportadas en el Boletín de Responsables Fiscales y en el Sistema de Información de Registros y Sanciones de la Procuraduría General. Además, se podría iniciar un cobro coactivo para el pago del detrimento.

Opinión de exmiembros de la Junta

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Pocas horas después de que la Contraloría diera a conocer el fallo, un grupo llamado “La verdad Caso Reficar”, creado por exmiembros de la Junta Directiva de Reficar, emitieron un comunicado con 12 razones que refutan lo dicho por la Contraloría.

Aunque esta no es la posición oficial de la compañía, este grupo aseguró que apelarán la decisión y “de ser necesario, acudiremos a otras instancias para referir el fallo proferido por la Contraloría”.

Agregaron que el anuncio es contradictorio pues la Procuraduría , después de ocho años de investigaciones, “destacó la actuación diligente y acertada de los miembros de la Junta Directiva y demás administradores de Reficar”.

Precisan: “El costo inicial proyectado en 2009 por CB&I de US$3.777 millones, no puede ser el punto de referencia para determinar lo que en realidad costaría construir la Refinería, pues el tiempo probó que el estimado de costo y tiempos eran errados y subestimados”.

El abogado penalista Carlos A. Gómez, relacionado con el caso, dijo que no sabe de dónde proviene el valor de la Contraloría “porque la Fiscalía habla de un valor distinto, pues la entidad asegura que no hubo ninguna posibilidad de pérdida patrimonial que sea imputable a los miembro de la junta directiva de la empresa”.