Contraloría denunció que municipios dejaron de percibir $53.556 millones por multas

Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) identificó que la Federación Colombiana de Municipios, halló que entre 2003 y 2017 se habrían aplicado descuentos en porcentajes superiores a los establecidos por la ley y por ello se habrían dejado de percibir $53.556 millones.

De acuerdo con el ente de control, Fedemunicipios, "ha fallado en hacer cumplir la norma que la autoriza como administradora del sistema para que el recaudo local implementado por cada Organismo de Tránsito sea efectivamente un sistema integrado al Sistema de Información de Multas por Infracciones de Tránsito (Simit)".

En esta línea, a raíz de esos descuentos que son superiores a los indicados por el Código Nacional de Tránsito, el Simit ha dejado de recibir $5.355 millones. Además, señaló la entidad que dirige Edgardo Maya en un comunicado, la aplicación de esas rebajas demuestran falencias en "el seguimiento y registro de los distintos mecanismos de recaudo implementados para multas y sanciones".

Una de las primeras conclusiones de la Contraloría es que en lo que se refiere al recaudo local, hubo deficiencias de mantenimiento de actualización del Simit que indican que este sistema no está plenamente integrado.

"Al verificar la liquidación de las infracciones por comparendo según los valores recaudados por cada autoridad de tránsito, se establecieron 591.231 infracciones, por un valor de $224.265 millones, que registran descuentos aplicados presuntamente en porcentajes superiores a los establecidos en la norma", apuntó la CGR.

Los descuentos llegan a $53.556 millones, por los cuales el Simit habría dejado de recibir $5.355 millones. Además, las tasas presuntamente irregulares tenían porcentajes entre 1% y 80% cuando la norma establece entre 25% y 50% como máximo, según las fechas del pago realizado.

Entre otros hallazgos administrativos, la Contraloría registró inconsistencias en el registro de información, extemporaneidad en la transferencia de los recursos correspondientes, inconsistencias en el manejo de las caducidades y debilidades en los mecanismos de recaudo.