Contraloría abre procesos de responsabilidad fiscal en contratos de la Alcaldía de Cali

La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República abrirá seis procesos de responsabilidad fiscal por un monto superior a $52.000 millones por irregularidades en el manejo de recursos de contratos de la Alcaldía de Cali. El ente de control decretará medidas cautelares y citará a rendición libre y espontánea a todos los vinculados para la etapa probatoria que se iniciará.

La apertura de la investigación se da luego de un estudio de la Contraloría para la vigilancia y el control fiscal de la administración fiscal de la alcaldía distrital de Santiago de Cali. Tras el análisis, se decidió que se daría el inicio del estudio de seis procesos de responsabilidad respecto de 10 contratos.

Con respecto a los contratos a los que se les abrirá el proceso de responsabilidad fiscal, en primer lugar está un contrato de $1.420 millones que la empresa de servicios públicos de Cali, Emcali, no le ha reintegrado al distrito de Cali. El objeto del contrato era la reposición de redes de alcantarillado y/o acueducto y el posterior mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial de las comunas de 1 y 20 del distrito especial de Santiago de Cali.

A su vez, otro contrato de obras contratadas y ejecutadas por un valor de $260 millones para las adecuaciones y mantenimiento pertinente de los escenarios deportivos y recreativos del Distrito. Según el órgano de control, las obras no cumplían con la funcionalidad para la cual fueron diseñadas y no tenían con las condiciones técnicas requeridas para satisfacer los requerimientos del contrato.

El tercer contrato tiene que ver con unos recursos de un contrato de obra pública para la adecuación del estadio olímpico Pascual Guerrero; los recursos fueron girados al consorcio EPG 2020 en calidad de contratista para la adquisición de unos ítems por un valor superior al valor del mercado, esto conllevo a que obtuviera una utilidad excesiva. El contrato tenía una cuantía de $238 millones.

Por otro lado, hubo otro contrato para una obra ejecutada y contratada con el consorcio Bienestar Animal para la construcción del Centro de Promoción del Bienestar Animal. En este caso también se adquirieron ítems por encima del valor del mercado para que el consorcio obtuviera una utilidad excesiva; adicionalmente, hubo deficiencias en la interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto. El valor del contrato fue de $14.084 millones.

El quinto contrato se relaciona con el giro de unos recursos a la Empresa de Renovación Urbana, Emru, para adelantar estudios técnicos y sociales y los diseños arquitectónicos, urbanísticos y estructurales para la intervención urbana del hábitat subdesarrollado en el canal Cauquita. Los estudios no lograron satisfacer los requisitos contractuales porque el estudio de Inventario Forestal estaba incompleto. El contrato tenía una cuantía de $1.550 millones.

El último contrato tiene que ver con deficiencias en obras y otras actividades para el mantenimiento integral de la malla vial porque no cumplen con la finalidad planteada inicialmente por deficiencias técnicas. Este contrato tenía un valor de $34.519 millones.