Contraloría General desconoce el Estado de Derecho en fallos sobre la Revisoría Fiscal

El Instituto Nacional de Contralores Públicos de Colombia (Incp), rechazó la decisión de la Contraloría de desconocer el Estado de Derecho en fallos sobre la Revisoría Fiscal. Esto se debe a que, en fallos articulados en contra de revisores fiscales de empresas privadas, administran recursos o fondos públicos.

Según el Instituto, esta postura desconoce las normas constitucionales y legales que definen la responsabilidad fiscal, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y el ejercicio de la profesión del contador público. “Estos fallos, sin base jurídica, afectan a los contadores públicos que actúan conforme a las normas de aseguramiento vigentes en Colombia”, se lee en un comunicado.

Además, según el artículo 267 de la Constitución, el control fiscal de la Contraloría, supone una vigilancia sobre los servidores públicos y particulares que ejercen gestión fiscal.

El Incp también agregó que las normas que regulan la jurisprudencia del Consejo de Estado, señalan que los contadores públicos con funciones de revisoría fiscal no tienen deberes con relación próxima a la administración de recursos o fondos públicos.

El Incp también agregó que las normas que regulan la jurisprudencia del Consejo de Estado, señalan que los contadores públicos con funciones de revisoría fiscal no tienen deberes con relación próxima a la administración de recursos o fondos públicos. “Las normas de aseguramiento, auditoría y de ética, obligan a los contadores públicos a guardar independencia en todo lo relacionado con su trabajo para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios”, destacó el Instituto.

Adicionalmente, el Consejo de Estado ha mantenido una postura por dos décadas afirmando que los contadores públicos que trabajan como revisores fiscales, no responden ante el ente regulador por no ejercer gestión fiscal.

Luisa Fernanda Salcedo, Presidenta de la Junta del Instituto Nacional de Contadores Públicos, aseguró que más allá de la defensa del contador púbico, se busca de la seguridad que el contador público ofrece a las empresas en el desarrollo de sus operaciones locales y en el ámbito internacional, las cuales “dependen de la existencia de una Revisoría Fiscal apropiada y ajustada a las leyes nacionales y a las prácticas internacionales”.