Contraloría imputa fiscalmente a exalcalde de Barbosa, Santander, Jorge Humberto Ardila

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La Contraloría General de la República imputó por responsabilidad fiscal al exalcalde de Barbosa, Santander, Jorge Humberto Ardila, por el presunto detrimento patrimonial de $3.234 millones en la construcción del Hospital San Bernardo.

Junto a Ardila Velandia, que actualmente aspira por la Alcaldía del mismo municipio, hay otros 15 presuntos responsables fiscales a los que el ente de control también imputó.

Entre ellos están Maryury Rocío Galeano Jiménez, exesposa del también candidato a la Alcaldía de Barbosa y exsenador de la República Marco Cortés. Tanto Galeano como Cortés fueron mandatarios del municipio santandereano.

El contrato para la construcción del Hospital San Bernardo se suscribió en 2011 por un valor de $3.406 millones. En ese momento fue firmado por el exalcalde de Barbosa Jorge Humberto Ardila, electo por el partido Cambio Radical, y el Consorcio Sinco, ganador de la licitación y cuyos integrantes también están en el escrito de imputación de la Contraloría, entre ellos, Benjamín Orlando Arana Osuna, Civin Ingenieros Ltda, Congeter Ltda y Coninsas SAS.

En el proceso de concurso público, se presentaron tres consorcios de los cuales dos fueron descartados: Progreso y Construyendo Futuro 562.

Según el documento LI-AMB-005-2011, las propuestas de ambos consorcios fueron declaradas como “no hábiles”, lo que facilitó que Sinco se quedara con el contrato como único proponente habilitado para la adjudicación. La intención del proyecto era demoler la antigua estructura y construir una edificación moderna.

El contrato tenía una duración de ocho meses, desde el 10 de septiembre de 2011, pero en 2017, casi dos años después de inaugurarse el hospital, llegó una denuncia a la Contraloría General en la que se pedía investigar presuntas situaciones irregulares en la implementación y puesta en marcha de la infraestructura. Según la denuncia, el hospital se encontraba en pésimas condiciones y abandono absoluto.

Entre las investigaciones de la Contraloría se encontraron deficiencias de tipo constructivo principalmente en pisos, cubiertas, canaletas, lámparas, cielo raso, muros y puertas, lo que representa una observación administrativa, con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $201 millones.

También evidenció irregularidades en la ejecución del contrato, ya que se realizó una modificación al mismo relacionado con la forma de pago, que contemplaba un anticipo de 30% del valor de contrato sin existir una justificación jurídica.

"El anticipo se pagó casi tres meses después de haberse iniciado las obras y de incluso haberse otorgado un parcial antes de este, perdiendo así la naturaleza del anticipo, lo que representa una observación administrativa, con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $1.212 millones, dice el escrito de la Contraloría.