Contraloría mantuvo fallo fiscal contra nueve exdirectivos de Uaesp

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón confirmó ayer el fallo de responsabilidad fiscal por $47.425 millones en contra de cuatro concesionarios del servicio público de aseo en Bogotá, una entidad fiduciaria y 9 ex funcionarios directivos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (Uaesp).

El fallo declaró responsables fiscales a estas empresas “por su contribución a la gestión fiscal irregular de las tarifas de aseo por parte de los funcionarios de la UAESP implicados en el proceso”, según indicó la Contraloría General de la República (CGR).

La desición del contralor se debe a las irregularidades encontradas en contratos celebrados entre 2008 y 2011, en los que “se financiaron de manera irregular con recursos provenientes de las tarifas de aseo cobradas a los usuarios” de la capital.

“De acuerdo con la investigación adelantada por la CGR, se evidenció que las tarifas de aseo que pagaron los usuarios del servicio de aseo de Bogotá se desviaron en el pago de más de 300 contratistas vinculados a la Uaesp, durante la Alcaldía de Samuel Moreno, por un valor total indexado de $47.425 millones”, declaró el ente de control fiscal en comunicado público.

"Algunos contratos irregulares tuvieron como propósito realizar actividades como cerramiento y compra de predios, que eran gastos propios que debía asumir el operador del relleno Doña Juana. Otros contratos financiaron gastos de cafetería, equipos de computación, transporte y arriendo de oficinas para los contratistas de la UAESP, lo cual claramente no guarda ninguna relación con la prestación directa del servicio de aseo que pagan los usuarios de Bogotá con las tarifas", señaló el documento presentado por la CGR.

De esta manera, se declararon responsables fiscales a Fabiola Ramos, Miriam Margoth Martínez, Victoria Virviescas, Juan Carlos Junca Salas, Gerardo Cuenca, Rigoberto Morales, Bertha Cruz Forero, Julia Esther Prieto y Catalina Franco Gómez, directivos de la Uaesp que celebraron los contratos cuestionados.

Los recursos menoscabados deberán reintegrarse a la Uaesp, con la advertencia de que dichos recursos no podrán ser incorporados al presupuesto de esta entidad distrital, y deberán reintegrarse a todos los usuarios de la ciudad.