Contraloría suspende términos de proceso de responsabilidad fiscal en caso Hidroituango

El contralor delegado intersectorial de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República decretó la suspensión de términos dentro del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta el organismo de control en el caso Hidroituango.

Esta decisión fue tomada al conocer y decidir la recusación presentada por María Eugenia Ramos en contra de los funcionarios de la Sala Fiscal y Sancionatoria dentro de este proceso, una de las personas naturales contra las cuales se profirió fallo con responsabilidad fiscal.

Este es uno de los mayores casos de imputación de responsabilidad fiscal en la historia colombiana, pues de los 28 investigados, solo dos quedaron exentos de responsabilidad: el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; y Jorge Mario Pérez Gallón, miembro de la junta directiva de Hidroituango (por Idea).

“La Contraloría profirió fallo con responsabilidad fiscal por $4,3 billones, a título de culpa grave, contra 26 funcionarios y contratistas como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango” dijo la entidad en un comunicado.

Explicaron que el fallo responde porque dichas inversiones en el proyecto, con corte a junio de 2019, excedían 114,94% el valor que fue inicialmente planteado para el proyecto. Además, explicaron que hay una responsabilidad por el lucro que se vio afectado luego de que el proyecto no haya comenzado a generar energía desde noviembre de 2018.

“Estos hechos contribuyeron a aumentar de manera injustificada las inversiones lo que llevó a que se destruyera el valor neto del proyecto y como consecuencia de la no entrada en operación no se generara ni se comercializara energía”, afirmó el ente.

De los nombres que relacionó la Contraloría con la responsabilidad fiscal sobre el proyecto destacan el del ahora precandidato presidencial, Sergio Fajardo, quien fue encontrado culpable en calidad gobernador de Antioquia y por tanto de miembro de la junta directiva de Hidroituango.

Federico Restrepo es otro de los señalados, por su papel como representante legal de Empresas Públicas Medellín (EPM), al igual que Juan Esteban Calle, quien también fue gerente de EPM; y Luis Alfredo Ramos, en calidad de gobernador de Antioquia y miembro de la junta directiva de Hidroituango.

Entre las personas jurídicas destaca la responsabilidad imputada a la Constructora Conconcreto S.A., que una vez conocido el fallo, informó: “Somos respetuosos de las determinaciones de los organismos de control, sin embargo, al no estar de acuerdo con el proceso ni sus consideraciones jurídicas, recurriremos a las instancias legales que sean necesarias para ratificar nuestro actuar”.