Contratista Emilio Tapia fue condenado a seis años de prisión por caso Centros Poblados

En las últimas horas se dio a conocer que el contratista Emilio Tapia Aldana fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el escándalo de Centros Poblados.

En el transcurso del caso, el implicado, había aceptado los cargos por las irregularidades que se encontraron en el proyecto que buscaba llevar internet a escuelas rurales en el país. Los delitos por los que fue acusado son apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Además, como parte de los acuerdos se comprometió a devolver parte del dinero robado en el entramado, es decir $5.063 millones. Asimismo, en el escándalo se vieron implicados otros actores tales como las Empresas Municipales de Cali.

Por el momento ha restituido $2.532 millones y según informó la Fiscalía, el monto restante lo cubrirá con dos pagarés por 1.265 millones de pesos que deberá presentar en abril y octubre de 2025, por lo que por el momento el valor está soportado con un inmueble en el corregimiento en Medellín.

El caso se remonta a cuando el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones iba a abrir una licitación pública para entregar un contrato de un billón de pesos, con el objeto de llevar internet a escuelas rurales. Para ese entonces, Tapia habría “concertó con distintas personas para comprar la experiencia de unas empresas y constituir la Unión Temporal Centros Poblados, y así participar en el proceso contractual”, tal como indicó la Fiscalía.

Al implicado se le adjudicó el contrato a pesar de no tener las garantías bancarias que se exigían. Con este contrato se habrían gestionado y entregado tres pólizas bancarias falsas y se permitió además recibir un anticipo que según la investigación, se usó para gastos personales.

Por otro lado, sobre los contratos de Emcali, la Fiscalía encontró que en febrero de 2021 se creó un consorcio con empresas controladas por Emilio Tapia para apropiarse de dos contratos ofertados por las empresas. Según el documento, la finalidad era la construcción de las obras alternas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Puerto Mallarino, entre Buga y Loboguerrero.

Así las cosas, se demostró que Tapia falsificó las pólizas que garantizaban el cupo de crédito por 30% de cada uno de los contratos.