Contratista de programa de alimentación en Cartagena se dedica a la industria ferretera

La Contraloría General de la República anunció que la empresa Comercializadora La Nueva Esperanza sería la contratista responsable de los sobre costos facturados en la ejecución de Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena, donde encontró que se habían hecho compras irregulares por kilo de pechuga de pollo a $40.000, durante el segundo semestre de 2016. La entidad encontró, además, que en la Cámara de Comercio de esta ciudad, La Nueva Esperanza registra como actividad principal el comercio al por menor de artículos de ferretería, pintura y productos de vidrio.

La investigación reveló también que, según la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN), “no aparecen reportes de declaraciones de IVA por el contribuyente Comercializadora La Nueva Esperanza SAS”, a pesar de que en la auditoría que realizó el organismo de control fiscal se verificó que en las facturas que presentó la empresa contratista (Consorcio Proescolares), entre ellas la de compra de pechuga por $40.000, se deducía el valor del IVA.

Es decir, además de los sobrecostos, la empresa contratista estaría cobrando el IVA a pesar de que no lo estaría reportando a las autoridades tributarias.

"En lo que es de competencia de la Contraloría General de la República,
lo que no tiene duda es que se facturaron y pagaron alimentos con un
exorbitante sobreprecio. Y aún más, que el contratista presentó unos precios ante la fiducia respectiva y otros ante la administración distrital. Los primeros ajustados al mercado y los segundos con los sobreprecios que finalmente vino a detectar la auditoría realizada por la CGR", confirmó el informe de la Contraloría.

La Contraloría, además, encontró evidencia en los documentos contractuales donde se demuestra que para legalizar el anticipo, "por valor de $4.749 millones, ante la fiduciaria Servitrust GNB Sudameris, en virtud de la fiducia de administración par garantizar la destinación de los recursos", el Consorcio Proescolares presentó facturas por, por ejemplo, el kilo de Pechuga a $7.000 y el kilo de carne a $11.000, pero en realidad al legalizar los pagos ante el Distrito de Cartagena, el contratista soportó sus gastos en alimentos con facturas donde los valores se incrementaron, la pechuga a $40.000 el kilo y la misma cantidad de carne a $25.000.

La Contraloría, dirigida por Edgardo Maya Villazón, también señaló que "la administración distrital de Cartagena debía velar por el buen uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los lineamientos que regulan el Programa de Alimentación Escolar" y, en este sentido, era obligación de dicha administración verificar el gasto que realizaba el contratista para soportar los pagos que se realizaran. Así mismo, concluyó que a pesar de que varias Veedurías Ciudadanas de la ciudad alertaron durante el proceso licitatorio sobre señalamientos por irregularidades del proponente Consorcio Proescolares, de todas formas resultó favorecido con el contrato, sin que la Secretaria de Educación tuviera en cuenta dicha alerta.