La Corte Constitucional avaló una disposición de la ley de espectáculos públicos que determina que el 10 por ciento de la boletería debe destinarse al sector cultural.
La norma había sido demandada por un ciudadano quien consideraba que esa norma, al derogar, los impuestos a los espectáculos públicos y al deporte, vulneraba la propiedad exclusiva de las rentas tributarias de las entidades territoriales.
De acuerdo con el demandante, el Congreso desconoció el derecho de libre disposición que tenían los municipios sobre tales impuestos y afectó sus finanzas.
No obstante, el tribunal determinó que la contribución parafiscal cultural no desconoce los derechos constitucionales que se derivan de la autonomía territorial, ni el principio de descentralización administrativa y los derechos económicos de los municipios.
Habida cuenta que se trata de una contribución parafiscal, la Corporación señaló que el Congreso sí podía crearla y regularla tal y como hizo el Congreso en este caso.
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