Corte IDH condena al Estado colombiano por ser responsable en el caso de Jineth Bedoya

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) expidió lo que sería un fallo histórico que reivindica y evidencia la violencia estructural de lo que significa ser mujer y además periodista en Colombia, según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

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Se trata de la condena al Estado colombiano por el caso de la periodista Jineth Bedoya, quien sufrió tortura y violencia sexual mientras ejercía su labor periodística en la cárcel La Modelo, de Bogotá.

El hecho sucedió específicamente en mayo de 2000, cuando la periodista fue secuestrada mientras tramitaba su ingreso a la cárcel La Modelo para realizar una entrevista concertada con un emisario del paramilitarismo. Pero solo fue hasta 2019 que el caso dejo de estar en la impunidad, cuando fueron condenados los paramilitares Jesús Emiro Pereira, alias Huevoepisca, Alejandro Cárdenas, alias J.J, y Mario Jaime Mejía, alias el Panadero.

"En la Sentencia notificada en el día de hoy en el Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Colombia responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión en perjuicio de la periodista Jineth Bedoya Lima, como resultado de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando la señora Bedoya fue interceptada y secuestrada a las puertas de la Cárcel La Modelo por
paramilitares y sometida a un trato vejatorio y extremadamente violento, durante el cual sufrió graves agresiones verbales, físicas y sexuales", se lee en el comunicado oficial de la Cidh.

Con esto, el organismo internacional instó al Estado colombiano a adoptar una serie de medidas reparativas. La primera, es que se deberá promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los restantes responsables de los actos de violencia y tortura que sufrió Bedoya, así como los actos de amenazas en su contra y su familia.

Esto, teniendo en cuenta que Bedoya, en su relato público, menciona que fueron alrededor de 20 hombres, incluidos miembros de las fuerzas del Estado, los que estuvieron articulados para consumar este delito y que no han sido llamados a comparecer ante la justicia.

Como segunda medida, convoca a Colombia a crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para identificar y prevenir casos de violencia de género, al igual que investigar y enjuiciar a los perpetradores de estos casos.

Un centro investigativo, manejo de datos de las violencias de género contra periodistas, financiación de programas de protección y asistencia a mujeres en el ejercicio de este oficio, otras de las medidas dadas por la Cidh a Colombia.

El organismo también declaro internacionalmente responsable a Colombia por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia a la hora de realizar las investigaciones sobre dichos hechos, el carácter discriminatorio en razón de género de dichas investigaciones y la violación del plazo razonable. En esa misma línea, la Cidh culpó al Estado de Colombia por violar la garantía y protección judicial de la periodista, por la ausencia de investigaciones sobre las amenazas que recibió Bedoya con carácter previo y de manera posterior a los referidos hechos de 25 de mayo de 2000.