Corte Suprema dictó nueva medida de aseguramiento contra Musa Besaile

Besaile en la actualidad se encuentra preso en la base militar de Puente Aranda, como consecuencia de las investigaciones en su contra por un presunto soborno que pagó a los integrantes del 'Cartel de la Toga', para frenar este proceso.

Al parlamentario, el más votado del Partido de la U en las elecciones legislativas de 2014, con más de 145.000 votos, le habían archivado en la Corte Suprema, hace diez años, una investigación por concierto para delinquir por su presunta relación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las cuales según Salvatore Mancuso y alias 'Cadena', reconocidos líderes paramilitares, habían convenido el apoyo político por parte del grupo armado para impulsar su campaña para llegar a la Cámara Representantes en el año 2002. Todo esto a cambio de ayuda para posicionar las acciones paramilitares en el departamento de Córdoba.

El caso se engavetó en 2008, por lo que Besaile pudo seguir ejerciendo en el Congreso de la República sin problemas hasta el año pasado cuando estalló el escándalo del 'Cartel de la Toga', en el que él era uno de los principales protagonistas, puesto que sería uno de los aforados que pagó a magistrados para evitar que avanzara la investigación en su contra.

Luis Gustavo Moreno, ex fiscal anticorrupción y testigo clave de la Fiscalía por su participación como enlace entre los magistrados y los congresistas, afirmó que Besaile pagó 2000 millones de pesos para obtener un resultado favorable en la investigación.

La medida de aseguramiento se da horas después de que el Consejo de Estado decidiera aplazar la audiencia en la que pretendían escuchar la declaración de Moreno relacionada con el proceso en su contra para revocarle la investidura como consecuencia de los procesos judiciales que lo tienen en reclusión.

El Consejo de Estado reprogramó la audiencia debido a la ausencia del ex fiscal anticorrupción, quien fue extraditado a los Estados Unidos la semana pasada, sin embargo, el alto tribunal solicitó copias de las declaraciones dadas por Moreno en la Procuraduría y la Corte Suprema, para saber si dichos testimonios pueden ser usados en el proceso.