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Legislación

La Supersociedades está realizando 17 investigaciones por soborno transnacional

En más de 90% de las empresas no se solicitó ninguna autorización para obviar operaciones con conflicto de interés.

05 de abril de 2018

David Jáuregui Sarmiento


Supersociedades
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En el marco de la Cumbre empresarial responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción, organizado por la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades, el superintendente de sociedades, Francisco Reyes reveló que tras realizar una encuesta de gobierno corporativo y responsabilidad empresarial, encontró que 16% de los empresarios declara que no adopta ninguna acción de impacto ambiental, 4,2% no toma ninguna directriz de prpotección de los derechos humanos en sus actividades de explotación.

Sin embargo, Reyes destacó que lo más impactante es que 3,3% de los empresarios encuestados no tienen ninguna medida ni les interesa desarrollar códigos para evitar que la compañía sea cómplice en actos de corrupción, así como en el 95% de las empresas no se solicitó ninguna autorización para obviar operaciones con conflicto de interés, "pero no porque no ocurran, sino porque las asambleas no presentan las situaciones de conflictos de interés porque no están interesadas en hacerlo".

Al respecto, Reyes destacó que en la legislación colombiana desde 1971 con el código del comercio ya ordenaba que se hiciera una revelación virtualmente ilimitada de los costos y gastos de la administración de las compañías a sus accionistas, pero 7,3% no les proporciona a los accionistas ningún tipo de información.

"En 2016 se hicieron requerimientos a más de 1.000 compañías para saber si se hicieron en marcha programas de cumplimiento, pues se requiere que los programas tengan efecto en prevenir actos de corrupción, pero son pocos los reportes de operaciones sospechosos de compañías, aunque están obligadas a hacerlo", destacó Reyes.

Así mismo, reveló que ya hay 17 investigaciones en materia de soborno internacional, que pueden desencadenar en multas a compañías que han obstruido investigaciones con hasta 200.000 salarios mínimos, es decir, cerca de US$40 millones.

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