Defensoría del Pueblo lanzó ‘Libre competencia y su impacto en los derechos ciudadanos’

La Defensoría del Pueblo presentó la obra ‘La libre competencia y su impacto en los derechos ciudadanos’. “Hoy que el país y el mundo discuten si la garantía de los derechos proviene solamente del Estado o si le atribuimos gran parte de ella a la actividad de los empresarios, para brindar elementos de juicio que permitan zanjar la discusión, desde la Defensoría del Pueblo presentamos la obra ‘La libre competencia y su impacto en los derechos ciudadanos”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

En el documento de 86 páginas se entregan detalles sobre el derecho colectivo a la libre competencia y su incidencia en el fortalecimiento de la democracia, ya que está íntimamente ligado al desarrollo social y económico del país, así como a la protección de los derechos de los consumidores, proveedores, productores y de las empresas, por su aporte al bienestar de las personas.

“La libre competencia garantiza los derechos de los colombianos, pero dentro de un marco de intervención apropiado. Es, en consecuencia, un derecho de todos. La relación entre la libre competencia y los derechos humanos es clara, directa y relevante”, afirmó Camargo Assis.

Para el Defensor del Pueblo, el documento aporta al debate sobre lo significativo que es garantizar y respetar la libre competencia, “debido a su impacto en los derechos individuales, pues el informe se centra en analizarla como un derecho colectivo, además de que explora su fundamento en el marco constitucional colombiano y la economía social de mercado”.

‘La libre competencia y su impacto en los derechos ciudadanos’, enfatizó el Defensor, “presta especial atención al examen de su relevancia colectiva, más allá de las prácticas restrictivas a la competencia. De igual manera, destaca la importancia de abordar la competencia desleal para prevenir posibles perjuicios colectivos y, por ende, la afectación de los derechos democráticos”.

En el documento también se indica que ese derecho colectivo, reconocido tanto a nivel nacional como internacional, encuentra origen en la Constitución de Colombia, en su artículo 333, y a través del bloque de constitucionalidad.

Igualmente, se advierte que está intrínsecamente vinculado a la libertad de empresa y emerge como un factor determinante con impactos significativos en la vida de los habitantes del territorio nacional. Por tal razón, ponerle restricciones y trabas se puede convertir en una amenaza o vulneración a los derechos fundamentales y el entorno de vida de las personas.