El 25 de noviembre se realizará la audiencia de pérdida de investidura a Iván Name

El próximo 25 de noviembre será un día clave para el expresidente del Congreso, Iván Name. Ese día, el Consejo de Estado realizará la audiencia de pérdida de su investidura. Dicho proceso, con ponencia del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera, está relacionado con presuntas irregularidades vinculadas al tráfico de influencias en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Este proceso de pérdida de investidura, que se realizará en audiencia pública, busca esclarecer si el expresidente del Senado incurrió en conductas que contravienen “el régimen ético y las inhabilidades establecidas para los congresistas”.

Dicha demanda tiene como fundamento las pruebas remitidas por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia informó, el pasado 5 de noviembre, que abrió investigación formal a los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez, expresidente del Congreso, y al representante Andrés David Calle Aguas por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

La investigación está relacionada con sus presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en las que habrían intervenido Name Vásquez y Calle Aguas como presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para la época de los hechos. Como contraprestación a su gestión, dice la Corte, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres de la unidad, Sneyder Pinilla Álvarez.

Los legisladores, agregó la Corte Suprema de Justicia, "se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional".

Ese dinero, al parecer, sostuvo la Corporación, "habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023".

La decisión de la Sala se tomó luego de evaluar información recaudada en labores de policía judicial y testimonios practicados por el magistrado instructor y otros suministrados por la Fiscalía General de la Nación.

En la decisión se señala que se cumplen los requisitos para proceder a una investigación formal ante la probabilidad de que los congresistas hubieran incurrido en delitos que atentan o lesionan la administración pública. Igualmente, se determinó que los congresistas sean citados a indagatoria y se impartieron órdenes de policía judicial para la práctica de otras pruebas.