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Judicial

El Consejo de Estado tumbó la inhabilidad contra el parapolítico Juan Carlos Martínez

La medida fue ordenada durante la administración de Alejandro Ordóñez Maldonado por los presuntos nexos del político caucano con el paramilitarismo

29 de noviembre de 2024

Laura Cuevas Sánchez


Colprensa
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La Sección Segunda del Consejo de Estado anuló la sanción de destitución e inhabilidad por 20 años impuesta en 2014 por la Procuraduría General de la Nación al exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra. La medida había sido ordenada durante la administración de Alejandro Ordóñez Maldonado por los presuntos nexos del político caucano con el paramilitarismo.

La decisión judicial, adoptada el pasado 6 de junio bajo la ponencia del magistrado César Palomino, actual director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, se fundamentó en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, sobre el caso Petro Urrego Vs. Colombia.

Martínez, oriundo de Timbiquí, Cauca, fue elegido senador en 2002 bajo el Movimiento Popular Unido y recibió en aquella oportunidad el respaldo del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, según las investigaciones. Por estos hechos, fue condenado en 2011 por la Corte Suprema de Justicia a 7 años y 6 meses de prisión, condena que ya cumplió.

Sin embargo, el fallo del Consejo de Estado invalida las sanciones disciplinarias al considerar que la Procuraduría no tiene facultades para destituir a funcionarios elegidos popularmente, en línea con los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos, Cadh.

En su sentencia, el magistrado Palomino argumentó que la sanción de Martínez violó el artículo 23 de la Csdh al restringir sus derechos políticos. Además, ordenó la eliminación de todos los registros disciplinarios relacionados con el caso.

"La Sala encuentra suficiente motivación para anular los fallos disciplinarios acusados, por cuanto la sanción disciplinaria impuesta conllevó la restricción de los derechos políticos del demandante", señala el fallo.

Este pronunciamiento se suma a una creciente lista de decisiones en las que el Consejo de Estado ha desestimado sanciones impuestas por la Procuraduría, avivando el debate sobre las competencias de este organismo y su papel en la política disciplinaria en Colombia.

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