El contrato de Thomas Greg & Sons y la Cancillería: $198.000 millones por un año

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En las últimas horas se dieron a conocer detalles del contrato firmado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la empresa Thomas Greg & Sons, por el cual se le otorga a la unión temporal la potestad para continuar elaborando pasaportes colombianos hasta el 2 de octubre de 2024.

De acuerdo con los detalles y datos que aparecen publicados en el Secop II, el valor del contrato es de $198.894.259.597, incluido el IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos. Tras las volteretas y la preocupación de los usuarios ante una posible escasez de los mismos, el Ministerio de Relaciones Exteriores debió acudir a Thomas Greg & Sons y firmar una prorroga de un año.

En su momento, y en aras de la política de transparencia, la Cancillería emitió un comunicado en el que aseveró que: “el Fondo Rotatorio del Ministerio se propone contratar directamente y de inmediato el suministro, la formalización, la custodia y la distribución de libretas de pasaportes y etiquetas de visas a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste. El contrato será celebrado en forma directa y dentro del marco legal de la Urgencia Manifiesta declarada mediante la Resolución Ministerial no 7541 del 14 de septiembre de 2023”.

Además, anunciaron que por haber sido declarada desierta la licitación pública, se procedería de inmediato a la apertura de un nuevo proceso licitatorio, tiempo que no les dio.

También, la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, que realizó un informe de seguimiento sobre el tema recomendó al Vicecontralor en Funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, formular esas advertencia, como consecuencia de las recientes actuaciones de la administración, “la probabilidad de materialización de los riesgos identificados en torno al proceso licitatorio se incrementó”.

Aseguraron que la finalidad de la advertencia era prevenir la pérdida de recursos públicos con la implementación de medidas por parte de la entidad, por lo que “se insta al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que en el ejercicio de la licitación pública referenciada adopte todas las medidas necesarias y aplique los recursos legales que disponga a efectos de evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial al estado y se cumpla con el objeto de la contratación, que en este caso obedece a una necesidad de alto impacto social”.

Entre las situaciones que podían presentarse estaba la parálisis o al menos intermitencia en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes tanto en el territorio nacional como en el exterior, pues este no se prestaría bajo condiciones de oportunidad, y así los recursos destinados para la prestación del servicio no cumplirían con su fin.