El Estado se ahorra más de $10 billones tras ganar cuatro arbitrajes internacionales

Ha sido un año complejo para Colombia y el mundo, pero en medio de tanto problema hay buenas noticias. Desde el punto de vista legal, Colombia está ganando una de las tantas batallas que se vienen este año y muestra de ello son las cuatro demandas de arbitraje de inversión internacional que han salido a favor del Estado colombiano en 2021, gracias al trabajo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que actualmente dirige Camilo Gómez Alzate.

Haber salido adelante en esas cuatro demandas representa para el país un ahorro de más de $10 billones, una cifra que reúne las pretensiones de las empresas que demandaron a Colombia por diferentes motivos.

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La carrera de buenos resultados en materia de arbitraje internacional inició el 12 de marzo de este año cuando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado anunció que el Tribunal Arbitral Internacional decidió a favor de Colombia ante las reclamaciones de Gas Natural (Naturgy), empresa que en 2017 demandó al país por la intervención de Electricaribe por cerca $4,8 billones. “Gracias a esta decisión Colombia no tendrá que pagar ni un solo peso”, dijo la Agencia en ese momento.

El segundo round que ganó el Estado local fue el pasado 19 de abril, cuando de nuevo el Tribunal Arbitral Internacional concluyó que no tenía la competencia para analizar las reclamaciones de la demandante Astrida Carrizosa, quien abrió un proceso contra el país cuestionando las medidas regulatorias adoptadas en 1998 por la Superintendencia Bancaria y Fogafin, que ordenaron la capitalización de Granahorrar y la consecuente reducción del valor de las acciones. La pretensión en este caso ascendía a $146.000 millones (US$40 millones).

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Dos semanas después, una nueva decisión se conoció a favor de Colombia, esta vez con la demanda de los hermanos Carrizosa por el mismo caso de la capitalización de Granahorrar.

“Después de analizar los requisitos que consagra el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos de América (APC), el Tribunal acogió los argumentos de Colombia y concluyó que no tiene competencia para revisar las reclamaciones”, informó la Agencia. Con esta decisión, se desestimó una demanda de $1,2 billones (US$323 millones).

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La semana pasada también se conoció otra demanda a favor de Colombia, esta vez, con América Móvil. En este cuarto caso de arbitraje de inversión internacional que se cierra a favor del Estado colombiano, el Tribunal Arbitral Internacional negó el reclamo presentado por la compañía por una suma de $4,6 billones (US$1.286 millones). Puntualmente, el Tribunal confirmó que no existió el derecho a la no reversión de activos.

“El Tribunal respetó lo decidido en la sentencia C-555 de 2013 de la Corte Constitucional y el laudo doméstico que revisó el asunto. El Tribunal encontró que no se trató de un derecho con existencia en el derecho interno que pudiese gozar de protección bajo el derecho internacional, por lo que no puede hablarse de una expropiación (...) esas dos decisiones son irreprochables bajo el derecho internacional”, se explicó.

Sobre la tasa de éxito de los arbitrajes de inversión internacional, Luis Guillermo Vélez, abogado y exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dijo: "Esta nueva decisión ratifica que Colombia ha preparado muy bien su defensa internacional en materia de arbitraje de inversión. Se ha hecho con visión institucional, coordinación entre los entes del Estado y consistencia. Creo que estas son las claves para obtener los resultados que se han obtenido. Estos no son casuales, son el producto de un gran trabajo durante varios gobiernos".

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Contexto
En la primera demanda que ganó Colombia contra Gas Natural (Naturgy) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado formó equipo con las firmas internacionales Sidley Austin LLP y Stanimir A. Alexandrov PPLC. En el caso de Granahorrar II, se formó un grupo de trabajo con la firma internacional Arnold & Porter. Y en el caso de América Móvil, la Agencia liderada por su director, Camilo Gómez Alzate, integró el equipo de defensa de Colombia, junto con la firma Dechert LLP, liderada por Eduardo Silva Romero.