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Judicial

El Fiscal señaló que no apoya el castigo de cadena perpetua para violadores de niños

El Ministerio del Interior enfatizó su petición al Congreso de la República para aprobar el proyecto y recordó su respaldo a la medida

30 de abril de 2020

Sofía Solórzano Cárdenas

lsolorzano@larepublica.com.co

Colprensa
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Durante el debate en el Congreso de la República para aprobar la pena de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas en el país, el fiscal general, Francisco Barbosa señaló que no está de acuerdo con el proyecto, pues el legislador debería concentrarse primero en la aplicación de la justicia antes que en el aumento de penas.

Barbosa resaltó que, hasta el momento, solo 5% de las denuncias relacionadas con violaciones terminan en una aplicación de la pena. Por esto, no se debería hablar de aumentar la pena sin que se le den más herramientas a los jueces para aplicar la Justicia.

“Consideramos en este caso concreto que, obviamente, en este tipo de proyectos deben buscar mirar a profundidad si existen relaciones de aplicaciones de prisión perpetua, prevención del delito y reducción de reincidencia, en el marco de la efectividad de la pena que está en el 5% de aplicación” dijo el Fiscal.

Asimismo, Barbosa dijo que mientras se han aumentado las penas de “forma masiva en Colombia, se ha reducido la aplicación de las condenas a unos niveles ínfimos”.

Varios funcionarios se han pronunciado frente a este tema. La ministra del Interior, Alicia Arango, pidió al Congreso que se apruebe el proyecto con el cual se modificaría la Constitución política y con el cual se buscaría hacer frente a una problemática que aqueja al país constantemente.

“Cada tres horas violan a un niño en Colombia y 87,4% de los casos reportados de violación en el país son contra niños. Se han presentado 5.713 embarazos no deseados en niñas a causa de la violación”, señaló la Jefe de cartera.

A la fecha, según dijo el Fiscal, la pena para violadores se encuentra en 60 años. Por otro lado, el proyecto de cadena perpetua se podría revisar a los 25 años de la pena en garantía de la resocialización, lo que significa que una vez se cumpla este tiempo se podrá revaluar el tiempo de la condena del violador.

Otro funcionario que ha mostrado su apoyo al proyecto es el congresista y ponente del mismo, César Lorduy, quien señaló que “ las lágrimas y el dolor no pueden seguir siendo la única respuesta para el abuso sexual de menores, se debe actuar”. También dijo que a pesar de que el Congreso esté trabajando de forma virtual, el proyecto debe avanzar.

Dentro del análisis del proyecto se recibió un informe del Inpec en el que se evidenciaba que más de 2.775 personas condenadas por delitos de violencia sexual contra menores podrían quedar libres en los próximos cinco años.

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