El histórico fallo que consiguió un bufete colombiano en la Corte de Casación Francesa

La Corte de Casación Francesa condenó a la multinacional alemana TÜV Rheinland y deberá indemnizar a más de 1.500 mujeres colombianas, debido a que certificó prótesis mamarias que no cumplían con los requerimientos médicos para ser comercializadas. En el desarrollo del caso se probó que 40% de los productos aprobados por la empresa alemana presentaron ruptura; también se determinó que el gel de las prótesis no cumplía con requisitos técnicos ni médicos.

AL habló Nathalie Lozano, socia fundadora de Lozano Blanco Asociados. Esta abogada colombiana está representando a más de 10.000 mujeres de todo el mundo en este caso. Lozano comentó que “este fallo es determinante para las empresas certificadoras en el mundo, porque establece nuevos parámetros en el control y seguimiento de sus certificados”. La abogada resaltó que la sentencia creó un precedente a nivel global, porque “define el tipo de responsabilidad para estos organismos. Hasta ahora se lavaban las manos alegando que cumplieron con los protocolos iniciales y no respondían”.

La Corte francesa impuso nuevas responsabilidades a las empresas certificadoras. Estas, deberán estar atentas a lo que está ocurriendo en el mercado, más allá de lo que informe el fabricante; y deberán poner en marcha las facultades extraordinarias de revisión cuando se presente alguna anomalía en los productos que se comercializan bajo sus sellos de calidad.

El bufete colombiano logró que indemnizaran a las 1.500 mujeres que fueron víctimas de la baja calidad de estos productos. Se calcula que las indemnizaciones oscilan entre US$9.000 y US$35.000. Lozano Blanco Asociados instauró otra demanda contra la compañía alemana, donde representa a 6.137 mujeres de distintas nacionalidades. La demanda se encuentra en segunda instancia en el tribunal francés de apelaciones de Aux.

El abogado José Jerez, socio de Cáez Muñoz Mejía Abogados explicó que “el problema con las certificaciones de calidad es que generan una ventaja frente a la competencia del sector y le brindan confianza al consumidor. Si esto resulta ser falso, es pertinente que las certificadoras respondan por estos daños”.

La abogada Lozano Blanco dijo que también iniciarán acciones judiciales contra las filiales europeas de TÜV Rheinland porque “tenemos indicios importantes de que el grupo alemán TÜV está involucrado en otros escándalos que tienen que ver con sus certificaciones en temas mineros y textiles”.

Aunque la filial colombiana de TÜV Rheinland no ha sido relacionada en este caso, para el abogado Jerez “esto prende las alarmas en las autoridades colombianas. Deben revisar los procesos de la empresa para garantizar que esto no esté dañando el mercado del país”.

Antecedentes
En 2010, el Invima emitió la alerta 008, donde suspendía la importación de las prótesis PIP certificadas por el grupo alemán TÜV Rheinland. En 2012, el Ministerio de Salud emitió la resolución 258 en la que estableció los parámetros que deben cumplir este tipo de prótesis para ser utilizadas en esta clase de tratamiento, también ordenó el retiro de las prótesis que no cumplían con la calidad señalada. Desde 2013, la jurista colombiana Nathalie Lozano demandó al grupo TÜV para indemnizar a las mujeres afectadas.