El punto que falta por conciliarse en Senado y Cámara de la nueva jurisdicción agraria

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En la noche del martes se aprobó finalmente el acto legislativo que crea la jurisdicción agraria, la reforma constitucional que tiene como objetivo crear una especialidad agraria en la justicia, para resolver las disputas y los derechos por las propiedades de tierras en el campo colombiano.

Aunque el Senado de la República aprobó la iniciativa con 76 votos a favor y solo dos en contra, aún falta que se resuelva la conciliación, ya que hubo modificaciones frente a lo que tenía la Cámara de Representantes.

El punto que diferencia los articulados aprobados por Cámara y Senado es en cuanto a la última instancia de los temas agrarios, por parte de las altas cortes.

En los debates de la Cámara de Representantes se aprobó la creación de una sala mixta entre el Consejo de Estado y la sala de temas civiles y agrarios de la Corte Suprema de Justicia como última instancia sobre los temas que asuma la jurisdicción agraria.

En cambio, en la aprobación del martes por parte del Senado se dejó que sea la Corte Suprema la que determine los litigios principales, mientras el Consejo de Estado se encargará de las disputas de índole administrativo.

Este proyecto, que modifica el artículo 116 de la Constitución política, fue uno de los puntos concertado durante los acuerdos paz entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Farc.

En un principio se propuso la creación de un nuevo alto tribunal que se especializara en temas agrarios, pero luego de la protesta de las altas cortes y otros sectores de oposición, la propuesta se cayó en los debates en el Congreso y se definió que se repartieran las funciones agrarias entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

De acuerdo con Fredy Alexánder Chaverra, politólogo Universidad de Antioquia e investigador de la Unidad Especial de Paz, “con esta jurisdicción se busca crear un modelo de descongestión judicial que tenga cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis en las zonas priorizadas, y con mecanismos que garanticen un acceso a la justicia ágil y oportuno para la población rural en situación de pobreza”.

El experto agregó que se trata de “un paso histórico para atender a millones de campesinos que han visto seriamente limitados sus derechos para un acceso pronto y oportuno a la justicia. También podría ser un catalizador de gran importancia para dinamizar los alcances de la reforma agraria”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, resaltó que esta jurisdicción “solucionará de modo pacífico, en derecho, todos esos conflictos que surgen en el mundo rural, algo que había sido un olvido histórico de nuestra sociedad es reconocido por este Congreso”. También resaltó que la aprobación se haya logrado con un amplio consenso.

A su vez, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático manifestó que su bancada se abstuvo de votar este proyecto porque durante el proceso de paz también se opuso al mismo.

La jurisdicción agraria quedó aprobada el mismo día en que el Congreso también aprobó el proyecto de acto legislativo que reconoce al campesinado como sujeto de derechos.