El Senado de la República aprobó ley que prohíbe el castigo físico para los niños y adolescentes

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A partir de ahora ninguna persona puede ejecutar cualquier acción que le cause dolor a los más pequeños de la casa. Con la aprobación del Senado de la República, la costumbre de reprender a los hijos mediante correazos, palmadas, pellizcos, coscorrones o el famoso "chancletazo" debe quedar en el pasado por mandato legislativo.

El Proyecto de Ley N° 320 de 2020 Senado -179 de 2019 Cámara, propuesto por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, y creado por el representante liberal, Harry González, prohíbe "el uso del castigo físico, los tratos crueles o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra los niños, niñas y adolescentes". Esta es la razón por la que se conoce a esta normativa como la ley "antichancleta".

"Aprobando este proyecto por unanimidad se les dice a todas las familias colombianas, a todos los niños colombianos que se pueden disciplinar, corregir y castigar pero que para es necesario que los padres renuncien a la violencia que tanto daño le hacen a los niños y a la cultura colombiana”, explicó la congresista Valencia.

Otro de los congresistas que aprobó la iniciativa legal fue Angélica Lozano, de la Alianza Verde. "Expreso mi apoyo al proyecto que introduce a un tema de cambio cultural, en nuestra sociedad estamos creciendo y hemos sido criados pensando que la letra con sangre entra”, dijo.

También del partido Alianza Verde, Luis Iván Marulanda, comentó que esta es una forma de "enaltecer el sentido y el significado de la niñez en la sociedad, el valor de la niñez en el conjunto de la especie humana y la consideración que debe tener el Estado, la sociedad y todos sus miembros alrededor de la niñez”.

“Hay que generar conciencia que se deben usar otros métodos, para desarrollar un proyecto pedagógico que busque ir modificando este tipo de prácticas que generan realmente un problema social muy grave”, agregó el legislador Julián Gallo Cubillos, del partido Comunes.

Pero también hubo un reducido grupo de voces en contra, como el de John Milton Rodríguez, del partido Colombia Justa Libres, quien calificó la normativa de inconstitucional. “Este proyecto violenta el artículo 42 de la Constitución porque se entromete el Estado en temas de corrección, educación y formación de los hijos que compete a la familia”.