El Tribunal de Cundinamarca ordenó a la Registraduría hacer un concurso de méritos

Por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cabeza de Hernán Penagos, deberá realizar un concurso de méritos para cubrir las numerosas vacantes en provisionalidad que han estado abiertas durante años.

Esta decisión se añade a otras similares en la Fiscalía y la Procuraduría, donde también se han requerido concursos. La acción se origina a raíz de una demanda presentada por un ciudadano que exigió el cumplimiento de los literales C y E del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009, que regula la carrera administrativa especial.

El conflicto comenzó el 30 de abril cuando se presentó un derecho de petición en la Registraduría solicitando información sobre el número de empleados y los que están en provisionalidad. La Registraduría, bajo la dirección de Hernán Penagos, informó que de sus 4.114 empleados, 3.531 (el 85.82%) estaban en provisionalidad, lo que contraviene el artículo 125 de la Constitución, que establece que los cargos deben ser de carrera salvo excepciones.

El demandante exigió la realización del concurso de méritos, pero la Registraduría argumentó que la falta de presupuesto del Ministerio de Hacienda les impedía avanzar. El 24 de mayo, el demandante consultó al Ministerio de Hacienda sobre la asignación de recursos, recibiendo confirmación de que se habían transferido fondos.

Posteriormente, la Sección Primera en su Subsección A, con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso, accedió a las pretensiones del demandante y ordenó a la Registraduría y su consejo superior de carrera realizar el concurso. Esta decisión ha sido apelada por la entidad y será revisada por el Consejo de Estado.

En respuesta a la acción de cumplimiento, la Registraduría señaló que había tomado medidas de gestión y que el alegato del demandante sobre la falta de recursos era falso. Indicaron que habían solicitado 26.000 millones de pesos para el concurso, de los cuales se les habían aprobado 2.352 millones, pero aún se necesitaba más financiación.

El Tribunal destacó que, de acuerdo con la Ley 1350 de 2009, el concurso de méritos es un mandato claro y que la última extensión para su implementación venció en agosto de 2012. Tras más de 12 años sin realizar el proceso, el Tribunal ordenó cumplir la ley en un plazo máximo de seis meses, sujeto a la confirmación del Consejo de Estado en segunda instancia.