En las estaciones de Policía el hacinamiento de privados de la libertad alcanza 2.000%

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó un corte de cuentas en materia penitenciaria en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. En total, en Colombia hay 173.000 personas privadas de la libertad. De ellas, unas 100.600 están en establecimientos de reclusión, donde para este año solo se habían fijado 81.000 cupos, según el Inpec. Aseguraron que en las estaciones de Policía y las URI el hacinamiento alcanza 2.000%.

La primera en intervenir fue la representante por Santander Érika Sánchez, quien aseguró que en su departamento “tenemos abandonados no solo a las personas privadas de la libertad, sino a los guardias”.

Sánchez se refirió a la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander. De acuerdo con su denuncia, ese establecimiento carece de sistema de acueducto, dado que no existen conexiones con la empresa que provee el servicio al municipio. La falta de agua genera un alza de costos, puesto que se debe recurrir a tanques de almacenamiento que están en “pésimas condiciones”.

“Todos los sanitarios se encuentran obstruidos” en esa cárcel, denunció la congresista, al advertir que eso significa que las personas recluidas no tienen acceso adecuado a un servicio digno e higiénico. El diseño del alcantarillado ha causado un aumento de humedad en las paredes de la prisión mientras las aguas residuales llegan a la quebrada El Palmar.

Sánchez también criticó el diseño de las garitas, pues impide que se pueda vigilar adecuadamente toda la zona, y la falla en el cerramiento en buena parte del establecimiento, lo que se traduce en un alto riesgo de suma. Por último, no hay duchas instaladas.

Ese es solo un ejemplo de la falta de condiciones dignas en establecimientos de reclusión, tanto en prisiones como en lugares transitorios como estaciones de Policía.

“Uno de los problemas más graves que hay es la falta de guardianes del Inpec para atender a la población carcelaria”, reveló Sánchez.

En promedio, hay un guardia para 17 personas recluidas. Para mejorar esa condición y llegar a una “planta ideal de servidores penitenciarios”, el Inpec necesitaría crear 11.000 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 6.400 deberían ser para personal que se dedique exclusivamente a tareas de seguridad y vigilancia. En cuanto a la infraestructura carcelaria, la congresista calificó la situación como “recrítica”.

Agregó que de las 126 cárceles del país, 113 fueron construidas antes de los años 90, cinco se construyeron entre los 90 e inicios de 2.000 y 10 se construyeron a finales de la primera década del nuevo siglo.