En los últimos cinco años se han sancionado a 28 carteles de empresas en el país

Entre 2014 y 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha identificado y sancionado 28 casos de cartelización empresarial en el país, cuyas multas, en conjunto, suman $1,052 billones.

Sin embargo, la cifra tasada en un principio dada luego de ponderar la gravedad de cada caso, el tiempo que duró el cartel y el impacto que eso tuvo en el mercado, frente a lo que finalmente se ordenó pagar, varió en la mayoría de los casos.

La razón es que se aplicaron total o parcialmente reducciones a las sanciones económicas, luego de resolverse los recursos de reposición solicitados o por cuenta del Programa de Beneficios por Colaboración, el cual aplica cuando los actores implicados fungen como delatores.

Así las cosas, la disminución concreta fue de $278.000 millones, teniendo en cuenta que las investigaciones originales arrojaban multas por más de $1,3 billones.

Los carteles

En cuanto a las multas más altas, estipuladas por la SIC, el listado lo encabeza el denominado cartel del azúcar, con una sanción total de $ 324.441 millones, distribuida entre un gremio, 14 empresas e igual número de personas naturales involucradas.

En este caso, resuelto en 2015, se encontró que los implicados incurrieron en acuerdos anticompetitivos, para obstruir importaciones de azúcar de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Al final, la multa fue de $ 260.091 millones.

Luego, en 2017, se sancionaron a seis personas y tres empresas - Argos, Cemex y Holcim- por el denominado cartel del cemento. La multa fue tasada en $202.805 millones.

En este caso, según la SIC, las empresas fijaron los precios del cemento gris Pórtland tipo 1 entre junio y diciembre de 2005, y se repartieron dicho mercado durante el mismo periodo.

En tercer lugar esta el cartel de los pañales, cuya resolución sancionatoria fue expedida en 2016. En este caso se multaron a 16 personas y a las firmas Colombiana Kimberly, Productos Familia y Tecnoquímicas, por haber coordinado “fijar artificialmente el precio de los pañales desechables para bebé en el mercado colombiano”, dijo la SIC en su momento.

El valor de la sanción fue de $208.907 millones y, luego de aplicarse una exoneración del 30% a Kimberly, por haber servido como primer delator del cartel, la multa general quedó en $152.880 millones. Es decir que en el caso de Kimberly, pasaron de tener una sanción de $68.945 millones a $48.261 millones.

No obstante según afirmó la entidad de control, las multas impuestas a estas empresas no superaban el 8% de su patrimonio ni el 7% de sus ingresos operacionales anuales.

En cuarto lugar se encuentra el cartel del papel higiénico, en el que también participó Kimberly; esta vez junto a Productos Familia, Papeles Nacionales y Cartones y Papeles de Risaralda.

La multa fue fijada en $185.417 millones, pero dos empresas recibieron beneficios por lo que quedó en $115.094 millones, es decir, $70.323 millones menos. De hecho, de los 10 carteles con multas más altas identificados desde 2014, el del papel higiénico fue el que más beneficios obtuvo.

Kimberly fue exonerada por el 100% de la multa, que en su caso era de $68.945 millones, y Cartones y Papeles de Risaralda obtuvo una reducción del 30%, pagando $2.895 millones.

En este caso las cuatro empresas fijaron artificialmente el precio de los papeles suaves en el país, lo que incluye a las toallas de cocina y los pañuelos para manos y cara.

También se encontró que Kimberly participó del cartel de los cuadernos, ubicado en el noveno lugar de la lista, el cual duró diez años y se encargó, nuevamente, de fijar precios, junto a Scribe y Carvajal. Las dos primeras firmas fueron exoneradas al 100%, por lo que la sanción pasó de $ 59.259 millones a $ 16.373 millones.

De este modo se concluyó que, pese a que Kimberlý participó en tres carteles, cuyas multas sumaban más de $167.537 millones, pagaron solamente $48.261 millones, es decir, el 29% de total aproximadamente.

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El mercado del cloro y la soda cáustica también estaba cartelizado en el país

Por otro lado, en el quinto lugar de la lista se encuentra el cartel del cloro y la soda cáustica, cuya resolución fue emitida el 28 de octubre, y en la que se conoció que Brinsa, Quimpac, Trichem y Mexichem participaron en acuerdos para promover conductas anticompetitivas.

En este caso se fijó una multa global de $125.527 millones, pero se indicó que Brinsa sería exonerada parcialmente por colaboración, por lo que la sanción total efectiva será de $ 96.825 millones.

Cabe señalar que este tipo de comportamiento se ha identificado en diversos sectores, yendo desde lo público, con el caso del cartel del IDU, hasta negocios menos convencionales como el de las agencias de modelos, pasando por el transporte de carga y los puertos. Además, el dinero de las multas no ingresan directamente a la SIC, sino que va al presupuesto nacional.

Frente a esto, Andrés Palacios Lleras, abogado experto en derecho de la competencia, asevera que las multas no son suficientes para regular este tema porque los consumidores no son resarcidos por los daños y las firmas tienen la capacidad para soportar esos pagos con cierta facilidad, por lo que el marco regulatorio relacionado debería ser evaluado.