Escándalo por falta de recursos para los esquemas de protección
Ayer, Andrés Villamizar director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), advirtió a través de su cuenta en Twitter, que quedaban ocho días para desmontar los esquemas de seguridad por la falta de recursos que no habían sido girados por el Ministerio de Hacienda a la entidad.
Con la medida se verían afectadas más de 1.800 personas y al cierre de esta edición, LR pudo corroborar que representantes de la Cartera liderada por Mauricio Cárdenas, estarían reunidos con funcionarios de la UNP tratando de solucionar el tema pero no había parte positivo.
El dirigente dijo que la Unidad “le adeuda a las empresas (por servicios ya prestados) cerca de $30.000 millones. Y no hay recursos en este momento para continuar”.
El funcionario aseguró que por cuenta de estos retrasos los escoltas no han recibido su pago en el mes de octubre y por lo tanto se iban a empezar a desmontar las operaciones.
Según la información, dada a conocer por Caracol Radio, los afectados serían más de 1.800 personas desprotegidas en el país y la Unidad todavía adeuda $50.000 millones a contratistas.
“No se puede pretender que los escoltas trabajen sin sueldo. No se puede exigir a empresas que presten servicio sin recursos. No es viable”, señaló Villamizar a través de redes sociales.
Villamizar ha sido enfático en hacer eficientes los esquemas de seguridad. Así afirmó que por la eliminación de estas estructuras se ahorran $200 millones al mes, es decir $2.400 millones al año.
De acuerdo con el último informe de rendición de cuentas de la Unidad, 7.511 colombianos fueron protegidos en 2013, había 1.863 vehículos en operación y 2.900 hombres al servicio de seguridad.
Al cierre del año pasado la mayor participación de beneficiarios fueron servidores públicos, con 41%; seguidos de víctimas y líderes en proceso de restitución de tierras, 14%, y sindicalistas 9%.
La entidad proyecta que el número de protegidos siga creciendo de manera que al cierre de 2014, la cantidad llegue a 7.930 personas y en 2015, a 8.503. Y de la misma manera, el estudio demuestra que se va a aumentar el desmonte de esquemas de protección. Este año, la cifra alcanzaría los 820 y el próximo, 877.
El año pasado a la Unidad le fue asignado un presupuesto de $394.307 millones, de los cuales $141.026 millones fueron invertidos en esquemas; $83.016 millones en protección y prevención; $70.899 millones en vehículos y $18.366 millones en nómina, entre otros.
Para Andrés Molano, analista político y de seguridad, el panorama es grave, en cuanto se está poniendo en riesgo la sostenibilidad de los programas. “Se podrían generar ventanas de oportunidad para que se presenten atentados y ahí, toda la responsabilidad sería del Estado, por omisión del deber que se tiene con las personas que están expuestas y que podrían perder la vida”.
Carlos Andrés Echeverry, abogado constitucionalista, dice que el Estado está obligado por constitución a proteger a las personas que son vulnerables y que el caso, incluso, podría llegar hasta la Comisión Interamericana por implicar derechos humanos. Las Opiniones
Andrés Chaparro
Docente de la Universidad la Gran Colombia
“Se necesitan más recursos para la protección. En caso de un escenario de posconflicto se necesitará seguridad para los exactores de la violencia. Sin embargo, hay que cuidar los recursos que se destinan para esto y que no se embolaten por temas de corrupción”.
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