España se suma a Italia e inicia una investigación contra la propietaria de ChatGPT

La Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) inició de oficio actuaciones previas de investigación a la empresa estadounidense OpenAI, propietaria del servicio ChatGPT, por un posible incumplimiento de la normativa.

ARTÍCULO RELACIONADO

La prohibición de ChatGPT en Italia hará que otros países pongan la lupa sobre la IA

La semana pasada, la autoridad española solicitó al Comité Europeo de Protección de Datos (Edpb, por sus siglas en inglés) que se incluyera el servicio ChatGPT como tema a abordar en su reunión plenaria, al considerar que los tratamientos globales que pueden tener un importante impacto sobre los derechos de las personas requieren de acciones armonizadas y coordinadas a nivel europeo en aplicación del Reglamento General de Protección de Datos. El Comité decidió en el plenario celebrado hoy lanzar un grupo de trabajo (task force) para fomentar la cooperación e intercambiar información sobre las acciones llevadas a cabo por las autoridades de protección de datos.

Con el inicio de la investigación en España y la participación en el grupo de trabajo europeo, la Aepd actúa en paralelo en el marco de sus potestades y competencias como autoridad nacional de supervisión y control, además de en coordinación con sus homólogas europeas a través del Comité.

La Aepd explica en un comunicado que aboga por el desarrollo y la puesta en marcha de tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial desde el pleno respeto a la legislación vigente, ya que considera que "sólo desde ese punto de partida puede llevarse a cabo un desarrollo tecnológico compatible con los derechos y libertades de las personas".

Cabe recordar que a final del mes de marzo, la autoridad italiana de protección de datos (Garante para la Protección de Datos Personales) anunció la prohibición inmediata de ChatGPT en su territorio por no cumplir los mandatos del Reglamento General de Protección de Datos.

El Garante hablaba de "recopilación ilícita de datos" y aseguró que la empresa carecía de una base jurídica que justifique "la recopilación y el almacenamiento masivos de datos personales para entrenar los algoritmos de ChatGPT".