Estas son las 10 amenazas legislativas y políticas para el comercio en el país

Como parte de sus preocupaciones por la labor del sector privado y del comercio en el país, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), de la mano con la Universidad Sergio Arboleda, decidió hacer un estudio que reveló 10 potenciales riesgos y amenazas políticas que desde el sector privado se perciben sobre la libertad de ejercicio de la empresa privada.

La primera crítica que hace la entidad encabezada por Guillermo Botero es al sistema de coaliciones actual, que según advierten “amenaza el equilibrio natural de poderes y el entorno ideal para el desarrollo de la empresa privada”. Para 2006, la coalición representaba 59% del Senado, cifra que se relaciona con el apoyo de 81,74% que logró el entonces candidato presidencial Juan Manuel Santos.

Según el informe, mientras que entre 2010 y 2014 se aprobó 70% de los proyectos de ley que radicó el Gobierno, solo 12,6% de los radicados por los legisladores llegaron a ser ley. Para Fenalco, esto deteriora la calidad regulatoria dado que impide un verdadero equilibrio de poderes.

De igual manera, los tiempos que tardan en tramitarse los proyectos de ley son proporcionales a la efectividad que se percibe entre el Legislativo y el Ejecutivo. Mientras que 38,4% de los proyectos gubernamentales se demoraron más de un año en aprobarse, de aquellos que se presentan de forma parlamentaria, 76,70% no vieron luz verde antes de 12 meses.

Dos puntos de referencia sobre los cuales alerta el gremio son influencia en las elecciones de las Altas Cortes y la inestabilidad constitucional, evidente en las 41 reformas que se han hecho a la carta magna de la nación desde el Gobierno de César Gaviria.

Fenalco se refirió específicamente a la implementación del Acuerdo Final y su impacto sobre la regulación, dado que por una parte, para la entidad, el Fast Track restringe la autonomía del Congreso, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi) adquiere competencias de un cogobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se presenta como externa a la rama judicial, por lo cual estas figuras afectarían la forma de producción de normas habitual.

El exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros explicó que efectivamente en la coyuntura política que se haya el país es natural que el Gobierno necesite hacer ajustes presupuestales que generalmente provienen de quienes pueden gestionar mayor capital, esto es, el sector privado.

Según el gremio, en Colombia hay una hiperregulación estatal sobre la empresa privada. En el último año se tramitaron 527 proyectos de ley, de los cuales 169, equivalentes a 32% de ellos, afectan directamente este sector. El informe calificó también a 95 de ellos como de alto riesgo para el sector comercio.

Dentro de las preocupaciones que resaltó la investigación sobre la implementación de nuevas leyes, sobresale que se genera un impacto directo en la empresa, dado que aparecen nuevos deberes y obligaciones para los empresarios. Fenalco también indicó que existe ambigüedad sobre la prohibición de actividades, e incluso regulación simultánea desde varias entidades.

La investigación liderada por el gremio revisó cómo desde el año 2000 se han expedido 94.748 normas en el país, siendo la mayoría de ellas resoluciones (68.698); también se enfatizó en que 78,6% de 17.168 decretos que se expiden por vía ministerial. De acuerdo con esto, cada 1,4 días se radica un proyecto reglamentario en el Congreso con incidencias para la empresa privada.

Otro cálculo que entregó la entidad establece una valoración a la regulación, a partir de factores como la atracción de inversiones extranjeras; las decisiones de inversión del capital local, tales como permanecer en el país o deslocalizarse; y la productividad de las actividades, la de los mercados, la apertura de la economía y sus resultados.

Partiendo de una calificación de 1 a 3, siendo 3 el valor de mayor impacto, este índice otorgó un valor de 2,38 en promedio a los proyectos de ley, lo que se traduce en riesgo regulatorio para el sector privado.

Antecedentes:
Luego de que el mes pasado el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, presentara un decálogo de recomendaciones económicas para mejorar la estabilidad de los comercios en el país, entre los que incluía suspender el IVA temporalmente, estimular el consumo interno e incentivar la desregulación del sistema, en el pasado Congreso Nacional del gremio presentó nuevamente un listado de propuestas para mejorar la situación del sector comercial.

Botero identificó 10 amenazas en términos judiciales y políticos que afectan directamente a los privados.