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Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Este es el escándalo de contratación por el que atraviesa la Defensa Jurídica del Estado

El contrato en cuestión involucra a la firma de abogados Hughes Hubbard & Reed, que fue seleccionada a través de una invitación directa

16 de abril de 2025

Cristian Moreno Garzón

cmoreno@larepublica.com.co

César Palomino Cortés, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
Colprensa
Canal de noticias de Asuntos Legales

La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que detenga un proceso de contratación que ha suscitado varias dudas. Esta decisión se tomó después de que el director de la entidad, César Palomino, pidiera apoyo preventivo a los órganos de control.

El contrato en cuestión involucra a la firma de abogados Hughes Hubbard & Reed, que fue seleccionada a través de una invitación directa. La controversia se originó debido a la asociación de esta firma con Astrea Abogados S.A.S., una compañía colombiana que apenas tenía un mes de constituida en el momento del proceso. Astrea Abogados tiene su sede en Cúcuta, la ciudad natal de Yebrail Haddad, quien es el director de Asuntos Internacionales de la Agencia.

La Contraloría General de la República decidió no acompañar el proceso, después de que la Agencia afirmara que no había riesgos para el patrimonio público. Sin embargo, la Procuraduría aceptó supervisar el caso y emitió una serie de requerimientos.

Entre las solicitudes se encuentra la suspensión del contrato hasta que la Agencia responda a las investigaciones. La Procuraduría también pidió un informe ejecutivo sobre el estado de la selección, un análisis técnico actualizado del arbitraje con Continental Gold y aclaraciones sobre el propósito de la invitación directa.

Además, solicitó explicaciones sobre el papel de Astrea Abogados S.A.S. en el proceso y si cumplía con los requisitos de idoneidad y experiencia. La Procuraduría subrayó la importancia de aclarar el criterio de "alianza estratégica optativa" que se incluyó en los términos de referencia.

Este contrato, que tiene un valor cercano a los US$3,9 millones, tiene como objetivo fortalecer la defensa del Estado en el litigio internacional contra Continental Gold. La Procuraduría destacó que su supervisión busca asegurar la transparencia en todo el proceso

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