La estrategia de la Andje frente a demanda que hizo Thomas Greg por los pasaportes

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En una rueda de prensa ayer, César Palomino Cortés, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), y Alexandra Forero, miembro del equipo, presentaron la defensa detallada sobre la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de anular la licitación para la producción de pasaportes.

Es así como la Agencia intervino ayer ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para defender al Estado en un proceso judicial iniciado por la Unión Temporal Pasaportes 2023, de la que hace parte la empresa Thomas Greg & Son. Esto significa que no habrá conciliación y el proceso seguirá.

Palomino explicó que la rueda de prensa surgió tras la suspensión de una sesión del Senado donde no pudo intervenir a pesar de haber sido citado. Aprovechó la ocasión para clarificar la posición de la Andje en relación con el litigio. “La Andje ha intervenido formalmente en el proceso después de un primer intento fallido de conciliación, buscando ahora defender la legalidad de la resolución que declaró de cierta la licitación”, dijo.

Palomino destacó que, desde el inicio del litigio, la Agencia buscó resolver el conflicto de manera amistosa. La entonces directora de la Andje, Marta Lucía Zamora, había intentado una conciliación para evitar la escala del conflicto a niveles judiciales, pero al no alcanzar un acuerdo, la defensa se trasladó a una fase procesal formal. La Andje, que tiene como misión evitar la litigiosidad y resolver disputas y, claro, defender al Estado, se ha visto ahora en la necesidad de intervenir en defensa de la resolución del Ministerio.

En su intervención, Palomino detalló la estrategia de defensa de la Andje, en la que la Agencia sostiene que la resolución de declarar de cierta la licitación se basó en la identificación de graves deficiencias que comprometían los principios de transparencia y competencia. Según el director, las cláusulas del pliego de condiciones estaban diseñadas para favorecer a un único oferente, lo cual vulneraba la igualdad de condiciones en el proceso de licitación.

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La demanda de la Unión Temporal Pasaporte de 2023 alega, entre otras cosas, que el ministro de Relaciones Exteriores no tenía la competencia adecuada y que la decisión estaba basada en motivos falsos o en una desviación del poder.

Palomino aseguró que la Andje considera que las razones para declarar de cierta la licitación son válidas y que las acusaciones de la demanda carecen de fundamento en los aspectos de competencia y legalidad. La principal controversia se centra en la acusación de falsa motivación, con la demanda sosteniendo que las razones presentadas para anular la licitación eran incorrectas.

Por su parte, Alexandra Forero explicó que la Andje encontró que las estipulaciones en el pliego de condiciones impusieron barreras artificiales a la participación de otros oferentes. Destacó que los requisitos técnicos establecidos en el pliego, como la necesidad de presentar muestras de libretas de pasaportes, estaban en contra de las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, Oaci.

Además, los requisitos de ponderación, como la necesidad de tener plantas de producción en ubicaciones específicas, favorecían a un único proveedor (Thomas Greg & Sons) y limitaban la participación de otros interesados en el millonario contrato. La intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado también se vio impulsada por el riesgo de una sentencia anticipada anunciada por la magistrada ponente.

Palomino y Forero manifestaron su preocupación de que esta situación pudiera limitar el debate probatorio necesario para una defensa adecuada. Por ello, la Agencia solicitó que se abriera una audiencia inicial para permitir una evaluación completa de las pruebas y argumentos presentados por ambas partes. A pesar de las críticas que ha enfrentado por su postura, Palomino reiteró que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está comprometida con la defensa de los intereses del Estado y que la intervención en el proceso judicial es parte de su deber legal.

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También aseguró que la agencia está abierta a posibles acuerdos amistosos entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el proveedor de pasaportes, pero que la defensa de la resolución del Ministerio es esencial para proteger los principios de legalidad y transparencia. Por su parte, Juan Francisco Navarrete, abogado penalista y procesalista, cuestiona la solidez de la defensa presentada.
Según Navarrete, la estrategia de la Agencia parece orientada más a ganar tiempo que a ofrecer una defensa contundente ante esta situación.

“Los argumentos expuestos sobre la transparencia y la libre competencia no son suficientes para justificar la declaratoria de ‘desierta’ del proceso licitatorio, ni para defender adecuadamente la decisión del delegado”, afirma Navarrete, pues para él la simple referencia a la legalidad y a la planeación no cubre las necesidades de una defensa sólida, especialmente cuando se enfrentan cargos tan serios y complejos como los que se presentan en este caso.

En el litigio sobre la licitación LP-001-2023, el abogado Faruk Chicre destaca que, “aunque los actos administrativos de trámite perdieron su fuerza ejecutoria tras declarar desierto el proceso, mantenían presunción de legalidad y pueden ser controlados judicialmente. La demanda de la Unión Temporal Pasaportes 2023 fue admitida por el Consejo de Estado, confirmando que estos actos pueden ser impugnados ante la jurisdicción contenciosa administrativa”. El proceso seguirá adelante y tiene mucha tela por cortar.

Antecedentes

Thomas Greg & Sons interpuso una demanda contra el Estado, específicamente contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, por un monto de $117.000 millones. La demanda se originó tras la decisión del excanciller Álvaro Leyva de declarar desierta la licitación para la fabricación de pasaportes, que fue adjudicada a Thomas Greg. Por su parte, la empresa consideró que la decisión fue arbitraria y sin justificación, causándole un perjuicio económico.