Federico Gutiérrez entrega 501 hallazgos de irregularidades de anterior administración

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, realizó una rueda de prensa en la que presentó 501 hallazgos de irregularidades que se se dieron durante la anterior administración de Daniel Quintero.

El mandatario entregó la información a los entes de control, remitió 83 denuncias a la Fiscalía General de la Nación, 262 denuncias a la Procuraduría General de la Nación y a la Personería de Medellín, y 156 a la Contraloría General de la Naicón y la Contraloría General de Medellín; y señaló que en varios de los casos constituyeron a la ciudad como víctima para asistir a las audiencias..

La totalidad de las pruebas de todos los casos los entregaron a las autoridades, pero durante la exposición de los hallazgos, Gutiérrez se centró en algunos principales, el primero es el que denominó "Computadores sin futuro".

Caso Computadores sin Futuro

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Una de las denuncias de carácter penal, fiscal y disciplinaria presentada a la Fiscalía fue por un contrato del programa 'Computadores Futuro' en el cual habrían sido modificadas especificaciones técnicas del producto para favorecer a una de las empresas oferentes.

También se señaló que hubo presunta celebración indebida de contrato, sobrecostos por $68.000 millones, y peculado en favor a terceros, ya que 9.000 computadores fueron entregados como incentivo, "nuestra constitución prohíbe la donación de entidades públicas a particulares".

Caso de presupuesto participativo

Señalan que hubo suplantación de ciudadanos en las votaciones de presupuesto participativo, “Durante la administración anterior se habrían utilizado datos personales sin autorización en las votaciones virtuales presuntamente para direccionar recursos hacia proyectos y programas específicos”, dijo el alcalde.

También dijo que la Fiscalía ha requerido pruebas de este hecho que ya entregaron. "De hecho, hay testigos y denunciantes que afirman que aparecen como votantes del presupuesto participativo cuando ni siquiera votaron”.

En este caso también denunció un carrusel de contratación en el que se habría direccionado recursos del PP para favorecer a por lo menos 18 corporaciones con contrataciones por $25.000 millones solo en 2023.

Un ejemplo de lo que podría ser muestra del carrusel está en el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, Inder, que en el último trimestre de 2023 ejecutó $16.000 millones en implementos deportivos pero la actual administración dice que no se encuentran estos implementos ni sus soportes de identificación.

También hay casos de contratación con Plaza Mayor y desviación para financiación de campañas políticas a la Alcaldía de Medellín.

Caso Clínica de la 80

Se firmó un contrato para adecuaciones de la Clínica de La 80 con SaludCoop, la cual estaba inhabilitada para contratar por el Estado por un antecedente fiscal previamente reportado.

Pese a ello, esa alcaldía realizó adecuaciones por valor de $24.000 millones, las cuáles se vendieron a un privado por $12.000 millones, lo cual sería un presunto detrimento patrimonial de 50% del valor invertido.

No se aprobó en el comité de conciliación pero luego se suscribe y autentica en una notaría, lo cual generaría cargos por falsedad en documento de venta ante notaría.

Este caso se denunció en la Fiscalía, Personería y Contraloría por peculado, suscripción de contrato estatal sin cumplimiento de requisitos legales, y falsedad en documento público.

Caso Programa Buen Comienzo

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"En noviembre de 2023 esa alcaldía adquirió un predio donde operaba una funeraria, por valor $5.182 millones, un predio que es no apto para la construcción de un jardín infantil porque no cumplía con el área mínima. Presuntamente violaron la normatividad asociada a la adquisición de predios", dijo Gutiérrez.

Caso Aguas Vivas

Entre Las Palmas y El Poblado está el lote Aguas Vivas al cual entró a ser parte del banco de tierras de la alcaldía, de este lote encontraron que se valorizó en 1.700% frente al monto inicial de 2019, $2.711, para terminar con un precio final de $48.234.

Después de que ya se había adquirido el lote por parte de la alcaldía, se realizó un avalúo que presenta el nuevo precio, después de ello, el particular solicita recibir ese monto por el costo del lote, lo cual es aprobado por una abogada de carrera.

Presentó la información para que se realice la investigación a presuntos delitos de prevaricato, interés indebido en contrato y peculado.

Caso contrato de jardínes

Se pasó el contrato de mantenimiento de zonas verdes del distrito que estaba a cargo del Jardín Botánico de Medellín y pasó a particulares que no cumplian con los requisitos y experiencia, con un contrato por $5.200 en 2020.

De este caso ya hay imputación en la Fiscalía, y se constituyeron como víctimas para reclamar el daño patrimonial a la administración.

Caso contratación ilegal de software

Denuncian contratación ilegal de software "hecha a dedo con la excusa de formación en inglés para colegios de Medellín. Allí se violaron las leyes de contratación pública".

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En la Secretaría de Suministros y Servicios, presuntamente se habría evadido la ley 80 de contratación porque no se tuvo en cuenta otros oferentes.

Caso de chatarrización

Adjudicación de contrato de venta de 50.000 vehículos inmovilizados sin reclamar en los patios de la Secretaría de Movilidad para chatarrizar.

Aquí ocurrió lo opuesto a otros casos, el contrato fue por $2.038 millones, un precio de $98 por kilo de material ferroso, mientras que el precio en el mercado podría llegar a entre $1.300 y $1.600 por kilo, para llegar a un total de $33.280 millones. Por ello se señala que habría un presunto detrimento patrimonial de $31.000 millones.

Pero la Contraloría intervino y se interrumpió la ejecución del contrato, por lo que ahora el contratista demanda el pago de $35.000 millones.

Caso Parque de las Aguas

El alcalde concluyó con un caso de presunto "carrusel de contratistas sin experiencia ni idoneidad" por la firma de contrato por $22.000 millones para el mantenimiento del Parque de las Aguas.

Aquí señaló algunos hallazgos: contratación de empresas del sector textil para el mantenimiento del parque, ejecución de obras por fuera del objeto de contrato, deficiencias en materiales, presunto direccionamiento de la contratación con sobrecostos, entre otros.

"En el presente caso se configura presuntamente los delitos de asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, celebración de contratos con incumplimiento de requisitos legales, interés indebido por celebración de contrato, peculado por apropiación y uso de documento falso", concluyó Gutiérrez.