Fiscalía de la Corte Penal Internacional abre oficina en Venezuela, dijo fiscal de la CPI

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una oficina en Venezuela, país sobre el que pesa una investigación acerca de posibles crímenes de lesa humanidad, dijo el viernes el fiscal de la CPI, Karim Khan, tras reunirse con el presidente Nicolás Maduro.

El "acuerdo que hemos firmado hoy es la realización de nuestros esfuerzos (...) ya tenemos la ubicación de la oficina, esta mañana vimos la oficina y ahora vamos a poder venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana, de manera que podamos ayudar a Venezuela con la asistencia técnica", dijo el fiscal al hablar en inglés con traducción oficial al español.

Khan agregó que pueden ayudar a Venezuela en la implementación de reformas judiciales, aunque no dio detalles. "Tenemos un acuerdo y una cooperación significativa para garantizar que haya más justicia (...) nosotros descubrimos áreas de deficiencia, de debilidad, ahí hay que trabajar juntos", dijo.

"Estoy seguro que esta oficina viene a sumar prácticas positivas (...) Seguramente tendrá un impacto muy favorable", dijo Maduro sentado al lado de Khan en el acto de la firma del acuerdo en un acto en el palacio de gobierno y transmitido por la televisora estatal.

Ninguno de los dos funcionarios dio detalles sobre las operaciones y la cantidad de personal que tendrá la oficina.

Khan había anunciado en su anterior visita a Caracas, en marzo del 2022, la apertura de una oficina en Caracas para cooperación y capacitación y así cumplir con las responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma.

La Fiscalía de la CPI dijo noviembre del 2021 que abría una investigación para establecer la verdad sobre si se han cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde el 2017, por parte de autoridades del gobierno de Maduro.

En aquel momento, Maduro expresó que respetaba la decisión del fiscal, pero no la compartía.

Una misión independiente de investigación de derechos humanos de las Naciones Unidas ha señalado en informes que el gobierno venezolano ha cometido violaciones sistemáticas equivalentes a crímenes de lesa humanidad y que ha usado el sistema judicial para sofocar a la disidencia.

El gobierno ha calificado de "fraude" y "piratería" tales reportes de la misión independiente.