Fiscalía imputa cargos a exfuncionarios de Alcaldía de Medellín por presunto peculado

Ante un juez de control de garantías, en las últimas hora la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra varios exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín.

Se trata de Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, y contra los contratistas Juan Alexánder Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestra Espitia y Yamileth Galíndez Chilito, representantes legales de las empresas Jpino S.A.S., Estructrura Zafiro S.A.S, y 1Soluciones S.A.S., respectivamente.

Se les acusa de ser presuntos responsables de peculado por apropiación, asociación para cometer delitos contra la Administración Pública, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos.

Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, entre mayo de 2020 y diciembre de 2022, el Área Metropolitana habría suscrito tres contratos interadministrativos para entregar a Metroparques la suma total de $17.450 millones.

Dice el ente investigador, que esta entidad ejecutora, al parecer, mediante invitación privada entregó a la empresa Comercializadora JPino S.A.S. más de $2.415 millones para el mantenimiento del denominado Parque de las Aguas.

Con el mismo objeto, agrega la Fiscalía, también habrían sido entregados más de $1.131 millones a la empresa 1Soluciones S.A.S., que habría resultado ser una empresa de papel. También se
habrían entregado más de $848 millones a la empresa Estructuras Zafiro S.A.S.

Así mismo, se estableció en los análisis realizados a la contratación en años anteriores que a
partir del año 2020 el Área Metropolitana habría cambiado la modalidad de contratar el
mantenimiento del Parque de las Aguas, vulnerando la igualdad y la pluralidad de oferentes.

La investigación también encontró que, durante la ejecución de los citados contratos, al parecer, se
presentaron sobrecostos en la facturación, mal manejo de los inventarios y no aporte de
información de manera clara y oportuna, conductas que habrían permitido que más de $2.800 millones fueron a parar a manos de particulares.

Los procesados no se allanaron a los cargos imputados.