La Fiscalía imputó a siete exfuncionarios de la ANI por “favorecer” a la Ruta del Sol II
La entidad recalcó que, al parecer, los procesados aprobaron cinco adiciones al contrato de concesión 01 de 2010 para la carretera
16 de septiembre de 2023
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La Fiscalía General de la Nación imputó a siete exfuncionarios de la ANI por “favorecer” al concesionario de Ruta del Sol II. La entidad recalcó que, al parecer, los procesados aprobaron cinco adiciones al contrato de concesión 01 de 2010, ya que estaba dispuestos a construir un tramo vial de 528 kilómetros de esta carretera, entre los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar).
Los involucrados son Alexandra Lozano Vergara, gerente de Proyectos y Gestión Contractual; María Clara Garrido, vicepresidenta administrativa; y Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidenta de estructuración. Además de los asesores Harbey José Carrascal Quintero, Marcelo Enrique Cano del Castillo, Mónica Rocío Adarme Manosalva y Nora Patricia Acero Pérez.
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De acuerdo con la Fiscalía, los acusados supuestamente “habrían proyectado, revisado, tramitado y aprobado cinco otrosíes al contrato 01 de 2010, los cuales generaron beneficios técnicos, jurídicos y financieros al concesionario del cual hacía parte la constructora Odebrecht”.
La entidad de control recalcó que estas personas habrían “vulnerado” los principios de trasparencia, economía y responsabilidad debido a que los otrosíes no contaban con estudios solidos técnicos de conveniencia, ni de planeación.
Además, estos beneficiaron al concesionario, de acuerdo con la Fiscalía, por medio de ayudas económicas mejorando su flujo de caja y permitiéndole recibir giros por anticipado, sin terminar el proyecto; ni incurrir en créditos, entre otras irregularidades.
El material probatorio da cuenta que la Fiscalía constató que dos de los otrosíes ampliaron plazos para la ejecución de algunos tramos de proyectos, con lo cual el concesionario evitó procesos sancionatorios y dejó de pagar multas superiores a $35.883 millones por incumplimientos.
Por otro lado, el ente investigador cree que “se modificaron aspectos técnicos y formas de pago, permitiéndole al concesionario acceder a un anticipo de $17.823 millones al que no tenía derecho y obtener mayor flujo de caja. Esto habría causado una afectación financiera a la ANI por más de $2.227 millones”. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados por los acusados.
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