Fiscalía imputará cargos a presunto invasor de la Ciénaga Grande de Magdalena

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos solicitó una audiencia de imputación contra el empresario Carlos Enrique Kléber Obregón, presunto responsable del loteo irregular en la Ciénaga Grande de Magdalena.

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De acuerdo con la Fiscalía, la entidad identificó una modalidad ilícita de loteo que ha acelerado la desaparición de especies y el deterioro de los cuerpos de agua indispensables para el equilibrio de este ecosistema, declarado como zona especial de protección y conservación ecológica.

La audiencia, convocada para el próximo martes 19 de febrero, se cumplirá ante un juez de control de garantías de Barranquilla. El fiscal de conocimiento, según informó la entidad, formulará cargos por los delitos de daño a los recursos naturales e invasión de área de especial importancia ecológica. La Fiscalía prepara más imputaciones y solicitará las respectivas audiencias contra otros empresarios que estarían vinculados a la comercialización ilegal de terrenos de la ciénaga.

Esta es solo una de las actividades que están acabando con la Ciénaga Grande de Magdalena como la extracción de carbón, pesca ilegal, tala indiscriminada de vegetación, quemas indiscriminadas, contaminación con plomo y aprovechamiento de especies.

39 personas han sido condenadas por aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, contaminación ambiental e invasión de áreas de especial protección, entre otros delitos.

En todos los casos en los que se ha obtenido condena, los procesados aceptaron cargos y las penas impuestas oscilan entre los tres y cinco años de prisión, y el pago de multas de hasta $60 millones. Parte de los sentenciados son propietarios de haciendas, empresarios, ganaderos y habitantes de la región.

Contra dos de los sentenciados, Rafael Ignacio Hoyos Cañavera y Marcos José Díaz Gómez, propietarios de las fincas Los Patos y El Rabón, respectivamente, inició un incidente de reparación integral que contempla el pago de $1.100 millones y la puesta en marcha de un plan de recuperación ambiental.