Oneida Pinto enfrentaría una pena de 27 años de prisión por contratación irregular

Ante el juez 45 de garantías fue presentada en la mañana de este martes la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, para que responda por varios delitos relacionados con presuntas anomalías en el tema de la contratación que se dio en el municipio guajiro de Albania. La Fiscalía la acusa de concierto para delinquir, peculado, celebración de contratos sin los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, entre otros.

La historia se remonta a 2008 cuando Pinto estaba próxima a terminar su mandato como alcaldesa de esa población. El ente acusador señaló que ese año ella junto con su exesposo Pablo Parra y su escolta Jean Hernández Erazo se aliaron para que este último se lanzara a la Alcaldía con la condición de que Pinto y Parra manejaran las grandes contrataciones municipales.

“El trasfondo era que la contratación iba a ser manejado por Pinto. Esa empresa criminal perduró hasta 2011 y estamos verificando si se mantuvo hasta 2012 a través de varias contrataciones”, explicó la fiscal.

Ante el estrado durante la imputación de cargos el ente acusador señaló que los contratos que se investigaron, el 07 de agosto de 2010 y el 010 de marzo de 2011, pese a que las obras quedaron inconclusas, se cancelaron en su totalidad por lo que se estima que hubo un detrimento patrimonial cercano a los 5.981 millones de pesos.

Las irregularidades también se evidenciaron en las interventorías de los contratos las cuales fueron a dar a manos de la fundación Princesa Negra, que fue creada en 2010 por Oneida Pinto. El nombre tiene relación con uno de los sobrenombres con los que se conoce a Pinto en La Guajira.

El ejecutor de los contratos era Fundasec cuyo contador, Humberto Tirado Pimiento, era el revisor fiscal de Princesa Negra.

“Los contratos se desfinanciaron porque los recursos de compra de materiales se usaron para la contratación de personas entre ellas mujeres en estado de embarazo y adultos mayores a quienes se les pagaba un salario así no ejecutaran los trabajos para los que fueron contratados”, expuso la fiscal del caso.

Entre las evidencias del ente acusador hay una serie de comprobantes de egreso cuyo concepto iba desde el pago a concejales y cancelación de servicios públicos a pobladores. La teoría de la Fiscalía es que esos montos estaban dirigidos a financiar una nueva candidatura a la Alcaldía.