Fiscalía imputó al exgobernador del Amazonas por proyecto de energías alternativas

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La Fiscalía General de la Naciónimputó a Carlos Arturo Rodríguez Celis, exgobernador de Amazonas, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato para un proyecto de generación de energía alternativa en el departamento.

Al parecer, Rodríguez Celis le habría solicitado al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) que la iniciativa fuera aprobada y así poder cubrir su ejecución con recursos del Sistema General de Regalías. Sin embargo, esta solicitud desconoció varios requisitos para aprobar este tipo de contratos, por ejemplo el hecho de que ese proyecto no estaba contenido ni presupuestado en el Plan de Desarrollo de Amazonas para el periodo 2012-2015.

El proyecto tampoco habría contado con el respaldo técnico de la Empresa de Energía para el Amazonas (Enam), la entidad concesionaria que se encarga de la generación y prestación del servicio de energía en todo el departamento.

Según con la investigación de la Fiscalía, el exgobernador, con el fin de que el contrato se celebrara evitando los requisitos necesarios, habría presentado dos documentos que fueron certificados irregularmente.

Uno de los documentos habría sido presentado con información falsa, la cual justificaba la inclusión del proyecto energético dentro del Plan de Desarrollo del departamento. El otro documento presentaba una supuesta suscripción del proyecto por parte de otra empresa reguladora que no era el Enam, lo que imposibilitó que esta supervisara el contrato.

Así fue como Rodríguez Celis habría logrado inducir el error de los funcionarios del Ocad, los cuales terminaron autorizando el proyecto de generación alternativa de energía.

Sin embargo, luego de que se aprobara, el mismo Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con el Enam, le recomendó al exgobernador que no llevara a cabo la celebración del contrato ante las deficiencias previas encontradas, pero este no acató la recomendación y aún así celebró el contrato por un valor superior a $26.869 millones.

Por estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Rodríguez Celis por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y fraude procesal, pero este no aceptó los cargos.