Fiscalía se pronunció sobre la denuncia que llegó contra la esposa del fiscal general

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La Fiscalía General de la Nación se pronunció sobre la denuncia contra la esposa del fiscal general, Francisco Barbosa, publicada por Daniel Coronell en su columna de Cambio. Walfa Téllez, además de estar casada con el funcionario, fue contralora delegada para el medio ambiente durante el periodo del saliente contralor general, Carlos Felipe Córdoba.

"Doña Walfa Téllez como exfuncionaria sin fuero especial debe ser investigada por la Fiscalía. Su esposo, el señor fiscal Francisco Barbosa —que recibió hace dos semanas la denuncia contra ella—ha permanecido en silencio hasta ahora, pero legalmente está obligado a hacer público su impedimento y a pedirle a la Corte Suprema de Justicia que designe un fiscal general ad hoc para que conozca el proceso", dijo el periodista.

Sobre el tema, el ente acusador emitió un comunicado indicando que, en efecto, recibió un correo electrónico que "de manera genérica" presenta una denuncia y que, "a pesar de su imprecisión", la vicefiscal general, Martha Mancera, asignó el caso el pasado 26 de agosto a Javier Fernando Cárdenas Pérez, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, para que asuma su conocimiento.

"Cabe señalar que se trata del único fiscal de ese nivel que se encuentra inscrito en el registro público de carrera especial de la entidad, además de tener una amplia experiencia como juez", agregó la entidad. El trámite se hizo desde el despacho de Mancera porque en ese momento actuaba como fiscal general asignada ante la ausencia del titular, que estaba en comisión en El Salvador.

Frente a los reparos que presentó Coronell a que fuera uno de los subalternos de Barbosa quien conociera el caso de la esposa de su jefe, la Fiscalía anotó que es una entidad "en la que se respeta la autonomía e independencia de sus fiscales delegados, y en cuyas actuaciones se garantizan los derechos fundamentales de las partes e intervinientes".

Según la denuncia, Téllez presentó como contralora delegada, en diciembre de 2020, un informe de auditoría sobre la Ptar Salitre y Canoas en el que reportó 17 hallazgos administrativos y estableció un plan de mejoramiento para superar esas irregularidades. Meses más tarde, renunció a la entidad y asumió como directora ejecutiva de la fundación Ríos Sostenibles, que suscribió un contrato para prestar asesoría ambiental y jurídica a la Ptar Salitre Canoas, por $190 millones.